IA jurídica: el TSJA advierte sobre su uso en apelaciones

El uso de la IA en la redacción de recursos de apelación ha recibido un aviso formal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha advertido del riesgo de priorizar el brillo sintáctico de las herramientas generativas sobre la densidad jurídica que exige el proceso. La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha dictado una resolución que, lejos de prohibir estas tecnologías, establece las condiciones de su empleo profesional. El mensaje es claro: la inteligencia artificial es legítima, pero no sustituye el rigor argumentativo del letrado.

El TSJA valida la herramienta pero alerta del "exceso de luz sin sustancia"

La resolución del TSJA parte de una premisa que desmonta cualquier discurso prohibitivo: el uso de la IA en la práctica forense es "absolutamente legítimo". El tribunal reconoce que estas herramientas pueden organizar, afilar y mejorar la exposición de los argumentos jurídicos, siempre que el abogado asuma personalmente el texto en todos sus puntos y referencias.

Sin embargo, el fallo incide en un riesgo concreto: la fascinación por la capacidad redactora de los sistemas de IA puede generar textos "excesivamente largos" que, pese a su brillantez discursiva, carecen de "densidad jurídica". Los magistrados señalan que estos escritos tienden a alejarse de la controversia específica del caso, incurriendo en razonamientos circulares, falacias o énfasis vacíos.

Un dato práctico del tribunal resulta especialmente revelador. Los jueces estiman que una redacción más personalizada y cuidadosa podría reducir a la mitad la extensión de estos documentos manteniendo, o incluso aumentando, su fuerza argumentativa. La cifra no es menor: si un recurso de apelación generado con IA alcanza las 40 páginas, una intervención profesional solvente podría condensarlo en 20 sin pérdida de contenido sustancial.

La tensión entre eficiencia tecnológica y deber de diligencia

La resolución del TSJA llega en un momento de proliferación del uso de la IA en la abogacía española, donde plataformas como Harvey, CoCounsel o herramientas locales de generación de textos jurídicos ganan presencia en despachos de todos los tamaños. El tribunal andaluz no es el primero en pronunciarse, pero sí uno de los que ha articulado con mayor precisión los límites entre asistencia tecnológica y delegación indebida.

El fallo distingue con nitidez dos escenarios. En el primero, el letrado utiliza la IA como herramienta de organización y pulimento, manteniendo el control sobre la estructura jurídica y la adaptación al caso concreto. En el segundo, el profesional se deja seducir por la fluidez del texto generado, incorporando argumentos genéricos, citas descontextualizadas o razonamientos que no responden a la litis planteada. Es este segundo escenario el que el TSJA califica de "ligereza" profesional.

La doctrina de la resolución conecta con debates paralelos sobre el uso de la IA en la educación y el uso de la IA en la universidad, donde instituciones académicas han tenido que regular la frontera entre auxilio tecnológico y plagio o falsificación. En el ámbito judicial, la diferencia es aún más sensible: el escrito no es un ejercicio académico, sino un acto procesal que determina derechos y obligaciones.

Implicaciones para la práctica forense: del "copy-paste" jurisprudencial al "prompt-paste"

Para los profesionales del foro, la resolución del TSJA establece un estándar de conducta que va más allá de la mera recomendación ética. El tribunal advierte de que los textos con patrones reconocibles de IA, por su extensión y su estructura, resultan inmediatamente identificables para los órganos jurisdiccionales. Esta visibilidad opera en doble sentido: por un lado, genera desconfianza hacia la solvencia del razonamiento; por otro, obliga al tribunal a un esfuerzo adicional de depuración que no debería corresponderle.

La comparación con prácticas anteriores resulta ilustrativa. El recurso sistemático a bancos de escritos preelaborados, el "copy-paste" de conclusiones ajenas o la inclusión de fundamento jurisprudencial no pertinente ya merecieron reproches de diversos tribunales. El TSJA traslada esta misma lógica al entorno digital: el "prompt-paste", la inserción directa de respuestas generadas por IA sin cribado profesional, constituye una forma renovada de negligencia redactora.

El Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española mantienen en estudio directrices específicas sobre el empleo de inteligencia artificial en la práctica profesional. Mientras tanto, la resolución del TSJA funciona como referencia jurisprudencial temprana en un campo normativo que, en España, carece todavía de regulación específica por parte del legislador ordinario o de los organismos deontológicos.

El calendario: hacia una regulación consolidada del empleo de IA en la abogacía

La resolución del TSJA se suma a una tendencia creciente de pronunciamientos judiciales sobre tecnología en la práctica forense. En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo ya había abordado tangencialmente la cuestión en el ámbito de la prueba digital, y diversas audiencias provinciales han incorporado advertencias similares en sus providencias. La diferencia radica en que el alto tribunal andaluz ha articulado por primera vez una doctrina completa sobre el uso de la IA en la redacción procesal.

La expectativa es que esta resolución sea citada reiteradamente en los próximos meses, tanto por tribunales como por colegios profesionales. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado mantienen grupos de trabajo sobre la materia, aunque sin previsión inmediata de instrucciones vinculantes. Para el letrado individual, la recomendación práctica se desprende del propio fallo: revisar, condensar y personalizar cualquier texto generado con asistencia de IA antes de su presentación.

¿Ha incorporado tu despacho protocolos internos sobre el empleo de herramientas generativas en la redacción de escritos? La pregunta no es retórica: la resolución del TSJA deja claro que la responsabilidad recae en el profesional, no en el algoritmo que emplee.

Información publicada originalmente por El Derecho.