Inteligencia Artificial: el salvavidas de los despachos legales

La IA no va a acabar con los despachos pequeños; según Francisco José Peláez Sanz, rector de UNIPRO y abogado en ejercicio, la inteligencia artificial será precisamente lo que los salve de la extinción que los analistas tecnológicos llevan años pronosticando. Esta tesis, desarrollada en un artículo reciente, pone en cuestión la narrativa dominante que asocia el futuro del derecho exclusivamente a los grandes bufetes con presupuestos millonarios para digitalización.

El argumento central de Peláez Sanz es que la mayoría de predicciones sobre IA jurídica parten de modelos de grandes firmas que no representan la realidad del mercado español. Según datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), más del 85% de los despachos en España tienen tres abogados o menos. Estos profesionales, lejos de ser anacrónicos, gestionan el grueso del trabajo jurídico cotidiano: herencias, divorcios, arrendamientos y procedimientos administrativos.

El 85% de los despachos españoles que la tecnología podría empoderar

La desventaja estructural de las pequeñas firmas no reside en su capacidad jurídica, sino en sus recursos operativos. Los abogados en despachos reducidos asumen personalmente la gestión de clientes, la administración y la formación continua, sin departamentos especializados que absorban estas funciones.

Tres limitaciones concretas definen su día a día:

• Tiempo de formación insuficiente: la atención directa al cliente y la gestión administrativa consumen las horas que en grandes bufetes se destinan a cursos y actualización.
• Ausencia de departamentos de conocimiento: no existe documentación interna estructurada ni equipos dedicados a sistematizar la práctica profesional.
• Dificultad de actualización esporádica: las materias no habituales exigen reinversión en conocimiento cada vez que surgen, con costes de tiempo prohibitivos para quien factura por horas.

La IA altera esta ecuación al reducir drásticamente el coste temporal de acceder al conocimiento. Localizar información, identificar criterios relevantes y sintetizar documentación compleja son tareas que la tecnología absorbe con eficiencia creciente. Para el profesional solo o el microdespacho, esto supone una ampliación de capacidad sin precedentes: herramientas antes reservadas a organizaciones con plantillas de docenas de personas pasan a estar al alcance de cualquiera con una suscripción.

El cambio de paradigma es cualitativo, no solo cuantitativo. No se trata de que el abogado de tres personas trabaje un poco más rápido; se trata de que pueda competir en complejidad con quien antes le doblaba o triplicaba en recursos estructurales.

La pirámide invertida: cuando la IA desestabiliza a los grandes

La tesis de Peláez Sanz contiene un corolario menos evidente y más perturbador para el sector consolidado: la IA puede resultar más disruptiva para los grandes despachos que para los pequeños. Estas firmas tradicionales operan sobre una estructura piramidal donde abogados junior ejecutan el trabajo de base (investigación, revisión documental, redacción de borradores) bajo supervisión de socios experimentados.

Este modelo, que ha funcionado durante décadas como mecanismo de formación y como fuente de margen económico, enfrenta ahora una amen existencial. Si la IA asume la revisión de contratos masiva o la investigación jurisprudencial, desaparece no solo la función operativa del junior, sino el andamiaje pedagógico sobre el que se construye la próxima generación de abogados senior.

La profesión ha aprendido siempre haciendo. El abogado que nunca ha revisado cientos de cláusulas de un tipo concreto, que no ha navegado por la jurisprudencia para construir argumentos desde cero, carece del criterio profesional y la intuición que el ejercicio desarrolla con el roce. Peláez Sanz advierte de una crisis de formación silenciosa: si la IA intermedia entre el caso y el profesional, ¿de dónde surgirán los criterios que ahora la IA misma opera?

La IA va a acabar con los trabajos repetitivos, no con quien los ejercía

El debate público sobre automatización legal oscila entre el catastrofismo y el entusiasmo tecnológico, con escasa atención a las diferencias de escala. La pregunta "la IA va a acabar con los programadores" o "la IA va a acabar con los trabajos" comparte con el caso jurídico una imprecisión estructural: la tecnología elimina funciones, no necesariamente profesiones.

En el derecho, esta distinción cobra relevancia por la regulación de la actuación profesional. El artículo 542 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 24 de la Constitución española en su vertiente de tutela judicial efectiva, y el conjunto de normativa deontológica del CGAE configuran un marco donde la responsabilidad última recae en el abogado persona física. La IA como instrumento no asume la responsabilidad profesional, no comparece en juicio y no firma escrituras públicas. Esto limita su capacidad de sustitución pura, aunque no de transformación profunda.

Para el profesional en despacho pequeño, la implicación práctica es clara: la inversión en herramientas de IA pasa de ser ventaja competitiva a ser condición de viabilidad. Quien no incorpore estas capacidades enfrentará a competidores que, con idéntica formación académica, operan con multiplicadores de productividad inalcanzables por vías tradicionales.

El próximo curso del CGAE y la formación obligada en competencias digitales

La respuesta institucional al desafío ya está en marcha. El Consejo General de la Abogacía Española ha incluido en su programación formativa para el año en curso módulos específicos sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la práctica profesional, con especial atención a la ética del uso algorítmico en la relación abogado-cliente.

La cuestión pendiente es de calendario y de profundidad. La velocidad de evolución de los modelos de lenguaje supera con creces la capacidad de adaptación curricular de los organismos colegiales. Mientras tanto, los abogados en ejercicio, especialmente los más de 110.000 que según el CGAE desarrollan su actividad en despachos de tres o menos profesionales, deben navegar una transición sin mapa ni guardarraíles regulatorios definitivos.

¿Logrará la pequeña abogacía española capitalizar esta ventana de oportunidad antes de que los grandes operadores tecnológicos consoliden plataformas que, por escala, vuelvan a dejarlos en desventaja? La tesis de Peláez Sanz es optimista, pero condicionada: el beneficio de la IA para los pequeños no es automático, requiere inversión, alfabetización digital y, sobre todo, una reconversión de la propuesta de valor profesional que muchos aún no han iniciado.

Información publicada originalmente por Economist & Jurist.