Marga Cerro: recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort

Marga Cerro ha sido distinguida con la Cruz de San Raimundo de Peñafort en su clase primera, el máximo reconocimiento que el Consejo General de la Abogacía Española otorga a los juristas por su trayectoria profesional e institucional. La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina (ICATA) acumula ya dos hitos históricos en la abogacía española: ser la primera mujer al frente de ese colegio y una de las voces más incisivas en la igualdad de género en el ejercicio de la profesión.

El galardón, concedido en 2026, llega en un momento en que el debate sobre la presencia femenina en los órganos de gobierno de los colegios de abogados ha dejado de ser anecdótico para convertirse en indicador de madurez institucional. Cerro lo sabe. Por eso su discurso de recepción evitó la retórica complaciente y apuntó directamente a lo que aún falla.

De Talavera al Consejo General: el peso institucional de Cerro

Cerro no es una decana provincial sin más. Ocupa la vice-secretaría general del Consejo General de la Abogacía Española y preside su Comisión de Igualdad, dos cargos que le sitúan en el núcleo duro de la representación colegial del país. Desde esa posición ha impulsado que la igualdad deje de ser un apartado retórico para convertirse en eje transversal de la institución.

Su trabajo ha tocado tres frentes concretos. El primero, la defensa de los derechos de los abogados frente a las administraciones públicas. El segundo, la mejora del sistema de turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita que sostiene el acceso a la justicia de quienes no pueden costear un litigio. El tercero, la llamada justicia de proximidad, esa apuesta por acercar el derecho a los territorios que la concentración metropolitana de los tribunales suele dejar en el olvido.

La distinción de San Raimundo de Peñafort no es un mero reconocimiento biográfico. El ordenamiento que regula estos honores exige una trayectoria acreditada de servicio a la abogacía y a la administración de justicia. En el caso de Cerro, la resolución del Consejo General ha valorado precisamente esa triple condición: la labor colegial, la defensa de la igualdad como política pública interna y el servicio a los ciudadanos a través del turno de oficio.

La primera mujer decana: hito que ya debería ser normalidad

Cerro fue nombrada decana del ICATA en un momento en que ninguna mujer había ocupado ese puesto en los más de siglo y medio de historia del colegio talaverano. El dato sigue siendo relevante porque, como ella misma ha señalado, la presencia femenina en los órganos de dirección de los colegios de abogados españoles no alcanza aún la paridad numérica.

En su reflexión sobre el premio, Cerro ha sido explícita: no cree que queden barreras insalvables para las mujeres en la abogacía, pero reconoce que persisten dificultades añadidas que el sistema no termina de neutralizar. Su declaración más contundente apunta a un horizonte que aún no se ha alcanzado: que una mujer presida un colegio de abogados deje de ser considerado un hecho extraordinario o merecedor de noticia informativa.

El dato tiene eco en el conjunto de la abogacía española. Según el Consejo General, las mujeres superan ya el 50% del colectivo en ejercicio, pero su presencia en decanatos y juntas de gobierno colegiales sigue siendo minoritaria en términos proporcionales. Cerro ha convertido esa tensión entre demografía y poder en el motor de su trabajo al frente de la Comisión de Igualdad.

Ismael Cardo, decano de Cuenca, también distinguido

La resolución del Consejo General no se ha limitado a Cerro. Ismael Cardo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca, ha recibido igualmente la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su trayectoria profesional. La doble concesión a dos decanos de colegios de provincias castellanas, Talavera y Cuenca, rompe la concentración geográfica habitual de estos reconocimientos en las grandes capitales colegiales.

Cardo ha desarrollado su carrera vinculado al ejercicio de la abogacía en una demarcación judicial de menor tamaño que Madrid o Barcelona, lo que subraya que la distinción no responde a visibilidad mediática sino a servicio efectivo a la institución. La elección de ambos decanos puede leerse también como un mensaje del Consejo General sobre la importancia de los colegios provinciales en el sostenimiento del sistema de justicia en territorios donde la densidad de recursos judiciales es menor.

El turno de oficio y la justicia de proximidad: dos frentes abiertos

Cerro ha situado la mejora del turno de oficio entre sus prioridades institucionales. El sistema, regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, atraviesa desde hace años una crisis de financiación que los colegios de abogados denuncian reiteradamente ante el Ministerio de Justicia. Los profesionales que prestan este servicio cobran tarifas congeladas desde 2009 en términos reales, lo que ha provocado una fuga de letrados hacia otras áreas del ejercicio.

La justicia de proximidad, por su parte, es un concepto que el Consejo General de la Abogacía ha reivindicado como contrapeso a la concentración de recursos judiciales en las grandes urbes. En provincias como Toledo, donde Talavera de la Reina compite con la capital provincial por la ubicación de órganos judiciales, esta apuesta tiene traducción concreta en la resistencia a la desaparición de juzgados locales y en la defensa de la abogacía de territorio.

Ambos temas, el turno de oficio y la proximidad, han sido tradicionalmente considerados secundarios en la agenda política jurídica. Cerro los ha elevado a prioridad de su mandato, lo que explica que el Consejo General haya valorado específicamente ese componente de servicio público en la concesión de la distinción.

La igualdad como política transversal: ¿qué cambió en el Consejo General?

Cuando Cerro asumió la presidencia de la Comisión de Igualdad del Consejo General, la institución contaba ya con protocolos antidiscriminatorios. Lo que ella ha introducido es una aproximación estructural: la igualdad deja de ser un departamento aislado para permear el conjunto de las políticas colegiales, desde la formación continuada hasta la representación en órganos colegiados externos.

El cambio tiene efectos palpables. La Comisión ha impulsado informes sobre la brecha salarial en el ejercicio de la abogacía, ha exigido paridad en las representaciones del Consejo General en eventos institucionales y ha introducido la perspectiva de género en los informes de política legislativa que la abogacía eleva al Congreso y al Senado.

El reconocimiento de 2026 llega en un contexto en que el debate sobre la paridad ha alcanzado también al poder judicial. La reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pendiente de resolución desde 2022, ha puesto sobre la mesa la composición de género de los órganos de gobierno de los jueces. La abogacía, a través de voces como la de Cerro, ha presionado para que su modelo de representación sirva de referencia.

El próximo hito: la renovación del CGPJ y el papel de la abogacía

La distinción a Cerro coincide con un momento de especial intensidad institucional. El Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse desde 2018, lo que convierte su crisis en la más prolongada de la democracia española. La abogacía, representada en el Consejo General por figuras como Cerro, ha reclamado en reiteradas ocasiones que la reforma del sistema de elección no ignore la experiencia de los colegios profesionales en materia de paridad.

La vice-secretaría general del Consejo General de la Abogacía otorga a Cerro una posición de interlocución directa con el Ministerio de Justicia y con los grupos parlamentarios. Su reconocimiento con la Cruz de San Raimundo de Peñafort refuerza esa capacidad de influencia en un momento en que el legislador trabaja en la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Para los más de 130.000 abogados en ejercicio en España, la cuestión no es menor. La composición del CGPJ afecta directamente a la carrera judicial, a la distribución de recursos entre partidos judiciales y, en último término, a la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos. La voz de la abogacía en ese debate, lejos de ser ornamental, se ha revelado como técnica y políticamente insustituible.

Información publicada originalmente por Abogacía Española.