Derecho Internacional Privado: 4 casos clave de litigios globales

Cuatro escenarios en los que el Derecho Internacional Privado decide quién juzga y qué norma aplica

La globalización ha convertido los conflictos transfronterizos en el pan diario de la práctica jurídica. Cuando el derecho cruza fronteras, cuatro supuestos concretos concentran la mayor parte de la litigiosidad: contratos internacionales, divorcios, sustracción de menores y sucesiones transfronterizas. Sofía Rebeca Aparici Lliso, jurista del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia e investigadora en doctrina y jurisprudencia, desgrana en un artículo de análisis las estrategias para identificar jurisdicción competente y ley aplicable en cada escenario.

La movilidad de personas, empresas y capitales ha desplazado buena parte de los conflictos privados fuera del ámbito de un único ordenamiento jurídico. Una empresa española que contrata con una sociedad alemana, un matrimonio binacional con residencias separadas, un menor trasladado ilegalmente a otro Estado o un fallecido con bienes en varios países: todos estos casos exigen dominar los mecanismos del Derecho Internacional Privado (DIPr) español y de la Unión Europea.

Contratos internacionales: el artículo 3 del Reglamento Roma I y la autonomía de la voluntad

El primer escenario analizado por Aparici Lliso aborda los contratos entre partes de distintos Estados. El Reglamento (CE) nº 593/2008, conocido como Roma I, regula la ley aplicable a las obligaciones contractuales en la Unión Europea. Su artículo 3 consagra la autonomía de la voluntad: las partes pueden elegir expresamente la ley que regirá su contrato. Esta elección puede referirse a la totalidad del acuerdo o a una parte concreta, siempre que no menoscabe la aplicación de normas imperativas del ordenamiento jurídico que resulte competente en ausencia de elección.

La clave práctica para el despacho reside en la redacción de la cláusula de elección de ley y jurisdicción. Una cláusula mal formulada puede dejar el contrato a merced de la ley del país del consumidor, del trabajador o del arrendatario, donde el Reglamento establece protecciones específicas. Los artículos 5 a 8 de Roma I limitan la autonomía de la voluntad en contratos de consumo, seguros, laborales y arrendamientos de inmuebles. El despacho debe verificar si alguna de estas categorías afecta a la operación.

En ausencia de elección, el artículo 4 de Roma I establece reglas de conflicto sectoriales: venta de bienes muebles se rige por la ley del país donde el vendedor tiene su residencia habitual, prestación de servicios por la del prestador, y así sucesivamente. La jurisdicción competente, por su parte, se determina según el Reglamento (UE) nº 1215/2012, Bruselas I bis, que en su artículo 25 permite la prórroga de foro por acuerdo de las partes. La práctica habitual en operaciones mercantiles internacionales es combinar cláusula de elección de ley (frequentemente inglesa o suiza) con cláusula de sumisión a arbitraje o a jurisdicción estatal concreta.

Divorcios internacionales: el Reglamento Roma III y el criterio de residencia habitual

El segundo supuesto concierne a la ruptura matrimonial con elemento extranjero. El Reglamento (UE) nº 1259/2010, o Roma III, permite a los Estados miembros aplicar una ley extranjera al divorcio y a la separación legal cuando los cónyuges así lo acuerden. Sin embargo, España no participa en este mecanismo de cooperación reforzada: el divorcio de españoles se rige por la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, que remite a la ley personal, es decir, la nacionalidad en el momento de la celebración del matrimonio.

La competencia judicial internacional en materia matrimonial y de responsabilidad parental se rige por el Reglamento (UE) nº 2201/2003, Bruselas II bis. Su artículo 3 establece que el juez competente es el del lugar donde los cónyuges tenían su residencia habitual cuando se instó la demanda, o la del último lugar de residencia habitual si uno de ellos aún reside allí. Para abogados de familia, la estrategia procesal pasa frecuentemente por determinar cuándo se adquiere la residencia habitual: no basta con el empadronamiento, exige un anclaje real en la vida social y económica del lugar.

La práctica concursa cuando uno de los cónyuges se traslada a otro Estado miembro para forzar la competencia de sus jueces. El artículo 6 de Bruselas II bis permite la prórroga de competencia por aparición del demandado, salvo que este impugne la competencia. La litispendencia internacional, regulada en el artículo 19, otorga prioridad al órgano jurisdiccional que haya sido primero demandado. El despacho debe valorar la conveniencia de presentar primero la demanda en la jurisdicción más favorable.

Sustracción de menores: el Convenio de La Haya de 1980 y la restitución inmediata

El tercer escenario, y el de mayor urgencia procesal, es la sustracción internacional de menores. El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores establece un mecanismo de restitución rápida: el menor debe ser devuelto al Estado de su residencia habitual previa, salvo excepciones restrictivamente interpretadas. España es parte desde 1982, y la normativa interna se concentra en el artículo 156 del Código Civil y en la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

La autoridad central designada en España es el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. El plazo para resolver la restitución, según el artículo 11 del Convenio, debe ser de seis semanas desde la presentación de la demanda. La práctica española, sin embargo, ha sufrido históricamente retrasos que han motivado condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el caso Monory v. Romania y Hungría.

La excepción del artículo 13.1.b del Convenio, que permite denegar la restitución si existe riesgo grave para el menor, es la vía más litigada. La jurisprudencia española y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido estrechando su interpretación: el riesgo debe derivar del retorno en sí, no de la situación general en el Estado de destino. El abogado de familia debe preparar la prueba con especial rigor, ya que la carga de la prueba recae en quien se opone a la restitución.

Sucesiones transfronterizas: el Reglamento Sucesorio 650/2012 y la unidad de herencia

El cuarto supuesto aborda la sucesión de personas con bienes en varios Estados. El Reglamento (UE) nº 650/2012, aplicable desde el 17 de agosto de 2015, introduce una innovación decisiva: la unidad de herencia. La ley aplicable a la sucesión en su conjunto es la del último lugar de residencia habitual del causante, salvo que este haya elegido la ley de su nacionalidad. Esta elección debe constar en forma de disposición por acto entre vivos o de causa mortis, expresada de manera inequívoca.

La residencia habitual, definida en el artículo 21 del Reglamento, no coincide con la nacionalidad ni con el domicilio fiscal. El TJUE ha precisado en su jurisprudencia que exige un centro de intereses vitales demostrable, con criterios objetivos como la duración de la permanencia, las condiciones y razones de la misma, y los vínculos familiares y profesionales. Para el asesoramiento patrimonial internacional, esta indefinición es simultáneamente un riesgo y una oportunidad de planificación.

La competencia judicial recae en los jueces del Estado de la residencia habitual del causante, con posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes interesadas. El certificado sucesorio europeo, regulado en el artículo 65 y siguientes, facilita la circulación de la resolución en todos los Estados miembros. Sin embargo, el Reglamento no armoniza el derecho material: las normas de matrimonio, régimen económico o adopción que afecten a la sucesión siguen remitiendo a sus respectivas leyes de conflicto.

Implicaciones para la práctica: por qué estos cuatro casos concentran la litigiosidad actual

La elección de estos cuatro supuestos por Aparici Lliso no es casual. Cada uno de ellos refleja una dimensión de la globalización que ha dejado de ser excepcional para convertirse en estructural. La contratación internacional crece con el comercio electrónico transfronterizo. Los matrimonios binacionales se han multiplicado en las últimas décadas. La movilidad laboral genera disputas sobre la residencia habitual de los menores. Y el envejecimiento de la población expatriada proyecta sucesiones complejas sobre múltiples jurisdicciones.

Para el despacho medio español, la formación en DIPr ya no es una especialidad de nicho. El Reglamento Bruselas I bis se aplica en cualquier demanda contra un demandado domiciliado en otro Estado miembro. El Convenio de La Haya puede activarse con una simple denuncia de sustracción. El Reglamento Sucesorio afecta a cualquier cliente con bienes en el extranjero, aunque sea una segunda residencia. La pregunta no es si el despacho encontrará estos casos, sino si estará preparado para identificar la norma de conflicto aplicable.

La tendencia normativa europea apunta hacia una mayor europeización del DIPr. Los Reglamentos Roma I, II, III y Sucesorio han sustituido a convenios internacionales en materia contractual, extracontractual, matrimonial y sucesoria. El próximo hito es la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las parejas de hecho transfronterizas, bloqueada desde 2016 por falta de unanimidad en el Consejo. Su aprobación completaría el andamiaje de protección de las uniones familiares en el espacio judicial europeo.

Calendario normativo: qué cambiará en el DIPr español antes de fin de año

La transposición de la Directiva (UE) 2023/xxx sobre resolución de conflictos de jurisdicción en materia de protección de menores, aún pendiente, modificará los plazos de cooperación entre autoridades centrales. El anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Menor, en tramitación desde 2024, incorporará estas previsiones junto con una reforma de la mediación familiar internacional. El plazo de seis semanas del Convenio de La Haya podría convertirse en un plazo vinculante de derecho interno, con responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas.

En materia sucesoria, la Comisión Europea evalúa en 2026 la eficacia del Reglamento 650/2012. El informe de revisión, previsto para el cuarto trimestre, examinará la aplicación del certificado sucesorio europeo y la necesidad de ampliar su ámbito a terceros Estados. Suiza, con intensos vínculos patrimoniales con España, es el candidato más probable para un acuerdo de reconocimiento mutuo. El despacho que asesore a clientes con bienes en el área eurohelvética deberá monitorizar esta negociación.

¿Ha revisado su despacho las cláusulas de elección de ley y jurisdicción de sus contratos internacionales en los últimos doce meses? La respuesta a esta pregunta determina en buena medida la exposición a litigios imprevistos y a la aplicación de leyes menos favorables que las negociadas.

Información publicada originalmente por Economist & Jurist.