España y Marruecos: Crisis diplomática por Ceuta y Melilla
La soberanía de Ceuta y Melilla vuelve a encender la tensión diplomática entre España y Marruecos después de que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reivindicara públicamente los «derechos históricos y geográficos» de su país sobre ambas ciudades autónomas. La declaración, emitida este viernes en una entrevista televisiva, ha provocado una respuesta inmediata y contundente del Gobierno español. José Manuel Albares, titular de Exteriores, ha rechazado «tajantemente cualquier planteamiento distinto» sobre el estatus de los territorios.
El incidente llega en un momento de extrema fragilidad. Solo hace tres semanas, los días 30 y 31 de julio, más de 80.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos en lo que las autoridades describieron como una «avalancha humana». El episodio ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez gestionando una crisis simultánea: la política, la humanitaria y la económica.
Ouahbi apuesta por el «diálogo» pero insiste: «Defenderemos nuestros derechos históricos»
Abdellatif Ouahbi concedió la entrevista a la cadena pública marroquí 2M. En ella, no solo reafirmó la postura histórica de Rabat, sino que la enmarcó como negociable a través del diálogo. «Defenderemos nuestros derechos históricos y geográficos, y vías de diálogo sobre esta cuestión», declaró. También reclamó «encontrar una solución definitiva» al estatus actual de Ceuta y Melilla.
La formulación es significativa. Marruecos no plantea la soberanía como un hecho consumado, sino como una reivindicación abierta a la negociación. Este matiz, recurrente en la retórica diplomática marroquí desde décadas, adquiere ahora un peso distinto por el contexto: la presión migratoria sobre la frontera ceutí ha demostrado la vulnerabilidad real del control español.
La referencia a «derechos geográficos» es particularmente inusual en boca de un ministro de Justicia. Normalmente, la reclamación marroquí se sustenta en argumentos históricos (la presencia alauí en la zona hasta el siglo XIX) o en la proximidad territorial. Que Ouahbi haya unido ambas categorías sugiere una coordinación interministerial para elevar el tono del mensaje sin cruzar la línea de la provocación directa.
Exteriores responde en horas: «Son dos ciudades españolas, parte de la UE y de la OTAN»
El Gobierno español no dejó pasar el día. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, transmitieron a Rabat un rechazo formal apenas unas horas después de la entrevista. El mensaje contenía tres pilares.
- Rechazo tajante: «Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla».
- Integridad territorial: las ciudades «conforman la integridad territorial y la soberanía de España».
- Blindaje europeo y atlántico: Ceuta y Melilla son «frontera de España y de la Unión Europea», con soberanía «reconocida internacionalmente» y protección como parte de la OTAN.
La tercera pista es la más relevante para el despacho de Estado. Al recordar que ambas ciudades son «igualmente parte integrante del territorio de la UE», España eleva la disputa de una cuestión bilateral a un asunto de interés comunitario. Esto implica que cualquier presión marroquí sobre Ceuta o Melilla activaría mecanismos de solidaridad europea, desde la cláusula de asistencia mutua del Tratado de la UE hasta la eventual activación de garantías colectivas de la Alianza Atlántica.
La estrategia no es nueva. Ya en 2021, tras la crisis migratoria de mayo de ese año, el Gobierno español buscó activamente el respaldo de socios europeos para desincentivar futuras presiones. La diferencia ahora es la magnitud del flujo migratorio: 80.000 entradas en 48 horas superan con creces cualquier episodio anterior.
La crisis de julio: 80.000 entradas en dos días que cambian la ecuación fronteriza
Los hechos del 30 y 31 de julio marcan un antes y un después en la gestión de la frontera sur. En apenas dos días, el equivalente a la población total de Ceuta (unos 84.000 habitantes censados) cruzó la valla desde territorio marroquí. Las imágenes de multitudes caminando por la playa de Tarajal o nadando en el entorno del Benzú circularon por medios internacionales.
El Gobierno español ha mantenido que la crisis fue «instrumentalizada» por autoridades marroquíes, aunque sin atribuirla directamente al Ejecutivo de Aziz Akhannouch. La interpretación más extendida en los servicios de inteligencia es que Marruecos utilizó la presión migratoria como herramienta de negociación, una táctica ya desplegada en mayo de 2021 con la entrada de unos 8.000 migrantes en Ceuta tras la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en Logroño.
La diferencia cuantitativa entre ambas crisis es abrumadora. El factor de multiplicación (de 8.000 a 80.000) obliga a repensar la capacidad de disuasión española. Si en 2021 la respuesta fue la aceleración de la normalización diplomática, con la visita de Sánchez a Rabat en abril de 2022 y el giro en la postura sobre el Sáhara Occidental, , en 2026 el escenario es distinto. El acuerdo de 2022 no ha contenido la presión migratoria, y la reivindicación territorial ha vuelto al primer plano del discurso oficial marroquí.
El escenario judicial: ¿qué margen tiene la Justicia marroquí?
Que sea el ministro de Justicia, no el de Exteriores, quien articule la reclamación territorial introduce una variable jurídica relevante. Ouahbi no habla como diplomático, sino como responsable de un sistema judicial que podría, en teoría, intentar activar mecanismos de litigio internacional.
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La opción más plausible no es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde España no aceptaría jurisdicción voluntaria sobre la materia. Pero Marruecos podría impulsar resoluciones parlamentarias, informes de comisiones de derecho internacional o incluso demandas civiles ante tribunales marroquíes contra empresas españolas con actividad en el norte de África, utilizando la jurisdicción como herramienta de presión política.
Para los despachos con clientes con intereses en Marruecos, la señal es clara: la judicialización de la disputa territorial es un riesgo creciente. Las cláusulas de estabilidad política en contratos de inversión, tradicionalmente estándar, pueden requerir una revisión más detallada. El arbitraje internacional, con sede en Londres, París o Singapur, gana attractivo frente a la jurisdicción marroquí para controversias futuras.
La posición de la UE y la OTAN: ¿sólida o declarativa?
El recurso español a la UE y la OTAN como blindaje territorial tiene fundamento jurídico sólido, pero su efectividad práctica es más discutible. El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece la cláusula de asistencia mutua en caso de «agresión armada» contra un Estado miembro. La presión migratoria, por masiva que sea, no encaja fácilmente en esa definición.
La OTAN, por su parte, tiene el artículo 5, pero su activación requiere un ataque contra un miembro en Europa o América del Norte. La interpretación de si una crisis migratoria inducida constituye tal ataque es, como mínimo, controvertida. Ninguna de las dos organizaciones ha activado nunca estos mecanismos por presión migratoria.
La utilidad real de la invocación española es disuasoria, no operativa. Marruecos sabe que una escalada territorial pondría en cuestión su propia relación con Bruselas, que canaliza fondos de desarrollo sustanciales. Desde 2017, Rabat ha recibido más de 1.000 millones de euros en apoyo presupuestario y proyectos de la UE. La amenaza implícita es que una crisis de soberanía podría afectar ese flujo.
La cuestión humanitaria: 80.000 personas en situación de vulnerabilidad
Tras la retórica diplomática, el dato concreto: el Gobierno español gestiona la situación de más de 80.000 personas que entraron en julio sin documentación. La mayoría procede del África subsahariana, no de Marruecos, lo que complica las opciones de devolución. Los acuerdos de readmisión con Rabat solo cubren a nacionales marroquíes.
La capacidad de acogida de Ceuta está desbordada. El centro de estancia temporal (CETI) de la ciudad tiene capacidad para unas 500 personas. La respuesta del Ejecutivo ha incluido traslados masivos a la Península, pero la judicialización de los procesos de expulsión, con recurso de amparo al Tribunal Constitucional, ralentiza la gestión. Para los abogados de extranjería y los servicios jurídicos de las ONG con presencia en el Estrecho, el escenario es de saturación procesal sin precedentes.
El próximo paso: la reunión bilateral que Sánchez intenta calendar para septiembre
El Gobierno español trabaja en una reunión bilateral de alto nivel para principios de septiembre. La fecha no está confirmada, pero la intención es desescalar antes de que la retórica de ambos lados cristalice en posiciones irreconciliables. La complicación es que Ouahbi ha elevado el listón: cualquier acuerdo que no aborde «la solución definitiva» al estatus de Ceuta y Melilla será presentado en Marruecos como una capitulación.
Para Sánchez, el coste político interno de cualquier concesión es prohibitivo. La derecha española, desde el PP hasta Vox, ha instrumentalizado la crisis migratoria con dureza. Una cesión territorial, por simbólica, activaría una crisis de gobierno. La alternativa es una gestión prolongada de la presión, con el riesgo de nuevas avalanchas.
La pregunta que queda en el aire es si Marruecos juzga que el momento geopolítico, con una UE distraída por la guerra de Ucrania y una Administración estadounidense en funciones hasta noviembre, ofrece una ventana de oportunidad. Si así lo calcula, la crisis de agosto puede ser solo el preludio.
Preguntas frecuentes
¿Qué tratados internacionales reconocen la soberanía española sobre Ceuta y Melilla?
No existe un tratado específico de cesión tras la descolonización, pero la soberanía española está consolidada por el principio de uti possidetis juris, el reconocimiento efectivo de Estados terceros desde el siglo XIX, y la integración de ambas ciudades en la administración del Estado español. La UE y la OTAN han ratificado esta posición en múltiples documentos de trabajo.
¿Puede Marruecos llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia?
Solo si ambas partes aceptan la jurisdicción voluntaria de la CIJ, lo que España no haría. Marruecos podría intentar otras vías, como resoluciones de la Asamblea General de la ONU, pero carecerían de efecto vinculante sobre la soberanía efectiva.
¿Qué consecuencias jurídicas tiene la declaración de Ouahbi para empresas españolas en Marruecos?
Directamente, ninguna. Pero la escalada retórica aumenta el riesgo de arbitrariedad regulatoria, retrasos administrativos o litigios estratégicos contra inversores españoles. Los despachos recomiendan revisar cláusulas de fuerza mayor y arbitraje en contratos vigentes.
Información publicada originalmente por Confilegal.