Caso Plus Ultra: Inspecciones fiscales seguirán pese a juicio

Calama desactiva el escudo del 'non bis in idem': la inspección fiscal sigue aunque el juez ya investigue

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha zanjado una cuestión que inquieta a todo despacho penal y tributario: estar investigado por un juez no otorga carta blanca frente a Hacienda. En una resolución dictada en el marco del caso "Plus Ultra", Calama ha rechazado la suspensión de las inspecciones fiscales contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas, la sociedad Whathefav, el empresario Julio M. M. y las mercantiles vinculadas, permitiendo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) siga actuando a pesar de la instrucción criminal en curso.

La decisión obliga a repensar una estrategia recurrente en la defensa de grandes patrimonios: invocar la paralización tributaria por la mera existencia de un procedimiento penal. El criterio del magistrado se alinea con el de la Fiscalía Anticorrupción y refuerza una línea jurisprudencial que venía apuntándose en los últimos años, pero que hasta ahora carecía de un pronunciamiento tan explícito en un caso de altísima visibilidad política.

El "non bis in idem" y el mito de la prejudicialidad criminal: por qué falló el argumento de Zapatero

El núcleo del debate procesal era técnicamente preciso. Las delegaciones de la AEAT en Madrid y Valencia habían solicitado el 29 de junio de 2026 la suspensión provisional de sus actuaciones inspectoras, alegando que los hechos objeto de comprobación podían coincidir con los investigados en la causa penal. La tesis, compartida por la defensa de Zapatero y sus hijas, se articulaba en tres pilares: el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, la prevalencia de la jurisdicción penal, y la aplicación del principio de non bis in idem, que proscribe la doble sanción por un mismo hecho.

El argumento no es nuevo. Despachos de élite lo han esgrimido reiteradamente en macrocausas contra altos patrimonios, empresarios y políticos, con éxito desigual. La lógica defensiva apunta a que, si el juzgado de instrucción ya examina la procedencia de fondos, la calificación jurídica de operaciones societarias o la titularidad real de bienes, la AEAT debería esperar para no contaminar la investigación ni forzar al investigado a declarar en vías administrativa con el riesgo de autoincriminarse.

Calama ha desmontado esta construcción punto por punto. En su resolución, sostiene que la coexistencia de un proceso penal y una inspección tributaria es la regla general, no la excepción. La suspensión solo procede, aclara, cuando se acredite un estado de indefensión "real y efectivo" o cuando exista identidad total entre los hechos investigados en ambas vías. La mera superposición de expedientes, o la existencia de una causa criminal, no genera automáticamente una "tregua fiscal".

Quién es quién en el entramado: Whathefav, Julio M. M. y las sociedades pantalla

El auto de Calama no detalla la estructura societaria completa, pero sí identifica a los actores clave del dispositivo fiscal investigado. La mercantil Whathefav aparece como pieza central de un entramado que vincula al expresidente con el empresario Julio M. M., cuya identidad completa se mantiene bajo iniciales en la resolución judicial. Las sociedades asociadas, algunas con domicilio en territorios de baja tributación o con complejas cadenas de tenencia, son objeto simultáneo de escrutinio penal por presunta corrupción y blanqueo, y de comprobación tributaria por la AEAT.

La doble vía —penal y administrativa— responde a lógicas distintas. El juzgado de instrucción indica si existen indicios de delito (cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública). La AEAT, por su parte, verifica si se tributó correctamente, independientemente de que los fondos tuvieran origen ilícito o lícito. Un ingreso no declarado puede generar una sanción tributaria aunque luego el penal absuelva por falta de tipo delictivo, y viceversa. Esta dualidad es la que Calama protege al mantener abierta la inspección.

Para los despachos que asesoran a grandes patrimonios, la resolución tiene un efecto inmediato: la estrategia de "congelar todo hasta que el juez decida" pierde fuerza. Los abogados tributarios deberán ahora defender activamente en vía administrativa sin esperar al desenlace penal, con el coste económico y reputacional que ello conlleva.

La comparecencia en 'Mañaneros': inocencia declarada, joyas sin explicar

Paralelamente a la resolución judicial, Zapatero compareció en el programa Mañaneros para reiterar su "inocencia absoluta" en relación con el caso "Plus Ultra". La intervención mediática, estratégica en términos de comunicación, no aclaró, sin embargo, un punto que la instrucción penal sí examina: el origen de determinadas piezas de joyería vinculadas al expresidente y a su entorno familiar.

La omisión no es menor. En causas de blanqueo y corrupción, la justificación del patrimonio y el estilo de vida constituye una prueba de cargo o descargo determinante. La declaración de ingresos insuficientes para adquirir bienes de lujo, unida a la ausencia de explicación convincente sobre su procedencia, es uno de los indicadores que más frecuentemente inclina al juez a mantener la imputación y a la AEAT a profundizar la inspección. El silencio sobre las joyas deja abierta esa vía tanto para el penal como para el tributario.

La combinación de comparecencia pública y resolución judicial en la misma semana genera una tensión comunicativa que los equipos legales de Zapatero deberán gestionar: defender la presunción de inocencia en el plano mediático mientras se litiga técnicamente en dos frentes —el penal, donde Calama instruye, y el tributario, donde la AEAT ya ha entrado en el domicilio y en las cuentas—.

El calendario de la instrucción: qué resuelve Calama en los próximos meses

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional no ha señalado fecha para la conclusión de la investigación del "Plus Ultra", pero la resolución sobre la suspensión fiscal permite anticipar el ritmo que Calama imprimirá a la causa. Al desestimar la petición de la AEAT, el magistrado envía una señal clara: no prevé paralizaciones procesales ni dilaciones innecesarias, y considera que la instrucción penal puede avanzar con independencia de las actuaciones tributarias.

Para los próximos trimestres, los hitos relevantes serán la práctica de declaraciones indagatorias de los imputados principales —entre ellos, presumiblemente, Zapatero y el empresario Julio M. M.—, la resolución sobre medidas cautelares si la Fiscalía las solicita, y la eventual formulación de conclusiones provisionales. La AEAT, por su lado, deberá notificar las actas de inspección y, en su caso, liquidaciones complementarias con sus correspondientes sanciones, abriendo una vía contencioso-administrativa que puede prolongarse años.

La pregunta que queda en el aire es de calado constitucional: ¿hasta dónde puede llegar la presión simultánea de dos investigaciones sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva? Calama responde que, por ahora, la indefensión no está acreditada. Pero el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrían tener la última palabra si la defensa eleva el recurso.

Información publicada originalmente por Economist & Jurist.