Mercado eléctrico en España: nuevas reglas para evitar apagones
España activa el mercado de capacidad eléctrica peninsular mediante la Orden TED/966/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de septiembre. La norma, firmada por la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen, busca garantizar potencia de respaldo suficiente para cubrir la demanda en picos de estrés, a medida que la red nacional incrementa su dependencia de las energías renovables.
Red Eléctrica administrará las subastas; la CNMC vigilará la transparencia
El mecanismo es centralizado y gestionado por Red Eléctrica de España (REE) como administradora del mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actuará como supervisor para garantizar transparencia y no discriminación entre participantes.
Pueden concurrir a las subastas productores de energía eléctrica, propietarios de instalaciones de almacenamiento, consumidores finales y agregadores de demanda, producción o almacenamiento. El mercado opera mediante subastas de potencia firme (medida en MW), con pujas expresadas en euros/MW por año.
La norma distingue tres tipos de subasta: las principales, con periodos de servicio de hasta 15 años para nuevas inversiones; las de ajuste, anuales para corregir desviaciones imprevistas; y las extraordinarias anuales, de carácter transitorio hasta que el mecanismo definitivo esté plenamente operativo.
Coeficientes de firmeza y flexibilidad para mantener la neutralidad tecnológica
Para preservar la neutralidad tecnológica exigida por la normativa europea, la orden introduce los coeficientes de firmeza, que miden la capacidad real de una tecnología para aportar potencia firme, y los coeficientes de flexibilidad, aplicables únicamente a la generación no renovable y que exigen un umbral mínimo.
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La adjudicación se resuelve mediante subastas a sobre cerrado con mecanismo de pay-as-bid: se seleccionan las ofertas de menor a mayor precio. El sistema premia la certeza para los inversores sin obstaculizar el crecimiento de las renovables.
Un proceso de seis años desde la consulta pública hasta la activación
La regulación culmina un largo trámite que incluyó una consulta pública cerrada en septiembre de 2020. La decisión se fundamenta en análisis de riesgo realizados por REE y por ENTSO-E, la red europea de operadores de sistemas de transmisión de electricidad.
El objetivo último es incentivar tecnologías de respaldo y almacenamiento energético que otorguen certidumbre a los inversores. El mercado de capacidad se suma así a las herramientas regulatorias con las que España afronta la transición energética sin comprometer la seguridad de suministro.
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.