Ley de Segunda Oportunidad: el problema del salario futuro

El salario futuro del deudor no puede convertirse en una masa activa interminable que anule el sentido mismo de la Ley de Segunda Oportunidad. La tesis, defendida por Marta Bergadà Minguell, socia fundadora de Bergadà Abogados, apunta a un fallo estructural en la aplicación práctica del procedimiento concursal para particulares. Su argumento es contundente: cuando los tribunales interpretan que la parte embargable del salario futuro integra la masa activa, transforman la segunda oportunidad en una ejecución perpetua contra la vida laboral del deudor.

La cuestión no es meramente teórica. La Audiencia Provincial de Barcelona ya cuantificó el absurdo en su sentencia 213/2018, de 5 de abril. Calculó que, aplicando la porción embargable del salario del deudor, tardaría 269 años en satisfacer todos los créditos ordinarios, o 67 años para abonar tan solo una cuarta parte. El tribunal concluyó entonces que el salario no podía impedir la conclusión del concurso. Pese a ello, la práctica judicial sigue dividida y miles de deudores honestos ven cómo su futuro profesional queda sujeto a una carga que la ley no les impuso.

269 años de plazo: la sentencia que expuso el colapso lógico

La sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2018 sigue siendo la referencia más gráfica del desfase entre el espíritu de la Ley de Segunda Oportunidad y su aplicación real. El caso concreto involucraba a un deudor cuya porción embargable de salario, calculada conforme al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (regulador del salario mínimo inembargable), resultaba tan reducida frente al volumen de deuda que los plazos de pago se extendían más allá de cualquier horizonte vital razonable.

El tribunal no se limitó a constatar la cifra. Subrayó que la interpretación extensiva del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), que define la masa activa como los bienes existentes a la fecha de declaración del concurso más los adquiridos hasta su conclusión, no autoriza a capturar ingresos laborales futuros como si fueran un patrimonio acumulable. El trabajo personal no es un bien susceptible de integrarse en una masa que se liquida para pago de acreedores. Es, en esencia, la capacidad de subsistencia y reintegración económica del deudor.

Bergadà Minguell recupera este precedente para insistir en que la masa activa dinámica, tal como algunos operadores judiciales la entienden, constituye una categoría inexistente en el ordenamiento. La Audiencia Provincial de Zaragoza lo ha ratificado con claridad en su sentencia 133/2026, de 12 de febrero, al afirmar taxativamente que "no existe una masa activa concursal dinámica compuesta por rentas futuras". La sentencia zaragozana distingue con precisión: los ingresos por trabajo pueden ser relevantes para el cumplimiento de un plan de pagos o para la liquidación, pero no se integran automáticamente en la masa activa del concurso.

Artículo 495 TRLC: una facultad, no una obligación que se imponga al deudor

Otro vector de la tesis de Bergadà Minguell ataca la confusión entre posibilidad legal y mandato imperativo. El artículo 495 TRLC establece que el deudor "podrá" solicitar la exoneración de deudas mediante un plan de pagos. La redacción emplea el verbo en potencial, no en indicativo de obligación. Bergadà subraya esta elección legislativa: el legislador otorgó una facultad, no impuso un deber.

La distinción tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si el deudor tiene salario embargable, algunos operadores judiciales y posiciones creditorias entienden que debe acogerse necesariamente al plan de pagos, renunciando a la exoneración pura. Esta lectura, según la autora, vulnera la lógica del sistema. La segunda oportunidad nace como mecanismo de alivio para el deudor de buena fe que, tras un proceso de liquidación o de cumplimiento, merece reintegrarse en la vida económica sin carga perpetua. Forzarle a un plan de pagos decenal o, en casos extremos, pluridecenal, desnaturaliza el instituto.

El problema se agrava cuando se superponen dos interpretaciones erróneas: que el salario futuro integra la masa activa, y que la existencia de dicho salario obliga al plan de pagos. El resultado es un deudor atrapado en un concurso que no concluye, sometido a ejecuciones salariales que no cesan, y privado de la exoneración que la ley le ofrece como opción. La segunda oportunidad deja de serlo.

Audiencia de Zaragoza 2026: la doctrina que podría consolidarse

La sentencia 133/2026 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 12 de febrero, representa el impulso más reciente hacia una interpretación restrictiva de la masa activa concursal. Su formulación es explícita y despeja cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de los ingresos laborales: no forman parte de una masa dinámica que se incremente mes a mes con la porción embargable del salario.

La relevancia de esta sentencia trasciende el caso concreto. Si las audiencias provinciales comienzan a alinearse en esta dirección, el Tribunal Supremo podría verse eventualmente llamado a dirimir la cuestión de forma definitiva. Hasta entonces, la dispersión jurisprudencial perpetúa la incertidumbre para deudores y profesionales del derecho concursal. Un deudor con idéntica situación patrimonial puede obtener resultados opuestos dependiendo del juzgado de instancia o de la audiencia territorial que conozca de su recurso.

Para los despachos especializados en segunda oportunidad, la sentencia zaragozana ofrece un argumento robusto para oponerse a las pretensiones creditorias que pretenden mantener activas ejecuciones salariales indefinidamente. También para los procuradores y abogados de oficio que representan a deudores sin recursos, la cita se convierte en herramienta procesal contra la prolongación artificial del concurso.

¿Qué debe decidir el legislador si la jurisprudencia no alcanza?

La tensión entre el artículo 192 TRLC y el objetivo rehabilitador de la segunda oportunidad plantea una pregunta que el Parlamento español podría verse obligado a responder. La reforma concursal de 2022, introducida mediante el Real Decreto-ley 5/2022, de 21 de marzo, y posteriormente convalidada como Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ya modificó aspectos relevantes del procedimiento: agilizó la exoneración para deudores de bajo importe, redujo plazos y simplificó trámites. Sin embargo, no abordó frontalmente la cuestión del salario futuro como componente de la masa activa.

Bergadà Minguell no pide una reforma legislativa expresa, pero su argumentación deja entrever que la interpretación judicial, por más correcta que sea, podría no bastar. Mientras algunos juzgados sigan entendiendo que la porción embargable del salario alimenta una masa activa virtual sin límites temporales, la segunda oportunidad seguirá siendo una promesa incumplida para miles de personas. La alternativa legislativa pasaría por una enmienda al artículo 192 que excluya expresamente los ingresos derivados de relaciones laborales futuras, o por una modificación del artículo 495 que aclare que la facultad de exoneración pura no queda condicionada a la inexistencia de salario embargable.

La práctica en los juzgados de lo mercantil y de primera instancia civil variará en función de cómo se resuelva esta incertidumbre. De momento, los deudores con salario y deudas elevadas enfrentan una ruleta judicial donde la interpretación del juzgado de origen determina si recuperan su vida económica o permanecen ligados a un procedimiento concursal que no concluye.

Información publicada originalmente por Economist & Jurist.