Decreto del euskera: TSJ anula la norma por falta de presupuesto
El TSJ del País Vasco ha anulado íntegramente el Decreto 19/2024 de normalización del euskera al detectar un "vicio invalidante insubsanable" en su preparación económica. La administración vasca no cuantificó los costes reales de extender el régimen lingüístico a 40.522 empleados públicos, incumpliendo principios de estabilidad presupuestaria y eficiencia en el gasto.
40.522 trabajadores sin coste presupuestado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco ha centrado su fallo en la ausencia de un informe económico riguroso. El decreto, aprobado el 22 de febrero de 2024, extendía perfiles lingüísticos y planes de "euskaldunización" a empresas públicas, fundaciones, entes de derecho privado y consorcios sin calcular el impacto financiero.
El Informe de Control Económico de la comunidad autónoma señaló que la norma afectaba a 40.522 empleados, incluido el personal eventual de sociedades públicas. Sin embargo, el texto omitió la financiación necesaria para cuatro partidas esenciales: formación del personal, servicios de traducción, adaptaciones informáticas y modificaciones de plantilla.
La contradicción interna resultó decisiva. El orden de inicio del proyecto afirmaba que la reforma no generaría impacto adicional, mientras que los informes sectoriales advertían de la necesidad imperiosa de nuevos recursos económicos. Además, el decreto proponía duplicidades orgánicas y de registro administrativo sin justificar las consiguientes dotaciones presupuestarias.
El tribunal rechaza los argumentos sobre cooficialidad lingüística
El demandante alegó vulneración de los principios constitucionales de igualdad y cooficialidad lingüística. Sostuvo que el decreto marginaba el uso del español en la administración interna y externa, la contratación y las subvenciones públicas.
El TSJ del País Vasco desestimó estos argumentos por "difusos e imprecisos". El recurrente no identificó artículos concretos ni vicios específicos en el texto normativo. Por ello, el tribunal circunscribió la invalidación estrictamente a las deficiencias esenciales en la preparación económica del decreto.
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La sentencia subraya que meras justificaciones formales o referencias genéricas a normativas anteriores resultan insuficientes para cumplir los estándares de buena regulación.
Qué ocurre ahora con la normalización del euskera
La anulación deja sin efecto los criterios de normalización lingüística en el sector público institucional vasco. El Gobierno de la comunidad autónoma deberá elaborar una nueva regulación que incorpore un informe económico detallado si pretende reactivar la extensión de perfiles lingüísticos obligatorios.
El precedente técnico es claro: las administraciones no pueden proyectar reformas estructurales del empleo público sin cuantificar su viabilidad financiera. ¿Preparará el Ejecutivo vasco un nuevo decreto con los informes que exige el tribunal, o optará por rebajar el alcance de los perfiles exigidos?
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.