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Inteligencia Artificial: el costo ambiental de su infraestructura

Inteligencia Artificial: el costo ambiental de su infraestructura

La huella invisible de la inteligencia artificial deja de ser una metáfora para convertirse en un asunto de gestión jurídica. Detrás de cada consulta automática hay centros de datos, sistemas de refrigeración y hardware especializado que consumen energía, agua y materiales en cantidades crecientes.

El uso irreflexivo de estas herramientas ya no es solo una cuestión de comodidad o eficiencia. Se trata de una actividad con externalidades ambientales que exige responsabilidad pública y privada, según advierte Juan Manuel Campo Cabal, profesor titular emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Camilo José Cela.

El artículo 191.2 del TFUE como marco para la IA

La dimensión material de la inteligencia artificial la sitúa bajo los principios que el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece para la política ambiental. Hablamos de cautela, prevención, corrección en la fuente y el principio de quien contamina paga.

El entrenamiento de modelos de gran escala requiere semanas o meses de procesamiento intensivo. La inferencia multiplica ese consumo al atender millones de consultas diarias, muchas de ellas innecesarias o repetitivas.

A ello se suman la fabricación de componentes, la extracción de minerales y la generación de residuos electrónicos. Cada consulta superflua forma parte, aunque sea en mínima medida, de esa huella ambiental.

Del uso automático a la responsabilidad jurídica

La facilidad de acceso ha favorecido un consumo cada vez más irreflexivo. Se consulta por costumbre, se genera contenido que nadie necesita y se repite lo que ya se había obtenido, sin preguntarse qué hay detrás de cada respuesta.

Para Campo Cabal, presidente de la Sección de Extranjería del ICAM, la IA utilizada con criterio y sometida a controles públicos eficaces puede ser una herramienta decisiva ante los desafíos ecológicos. Pero eso exige alinear su desarrollo con los objetivos de sostenibilidad.

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La cuestión ya no es si la tecnología es útil, sino cómo se gobierna su impacto. El despacho y la empresa que despliegan estos sistemas deben asumir que su uso tiene consecuencias medibles y susceptibles de gestión jurídica.

La primera Legal Tech Expo llega a Madrid

Estas cuestiones tendrán un foro de debate directo en la primera edición de Legal Tech Expo, que se celebrará en Madrid. El evento pondrá el foco en la adopción de la IA y la redefinición del valor del abogado.

El encuentro abordará también los nuevos modelos de negocio que emergen cuando el cliente ya dispone de herramientas que le permiten saberlo casi todo. La pregunta sobre la mesa es qué papel queda para el criterio jurídico profesional.

El debate sobre la huella ambiental de la inteligencia artificial y su regulación llega, por tanto, en un momento de redefinición práctica para el sector. La cita en Madrid servirá para contrastar estas reflexiones con la realidad de los despachos.

Información publicada originalmente por The Economist & Jurist.

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