Verifactu: gestores piden adaptar la factura electrónica a pymes
Los gestores administrativos piden adaptar Verifactu y la factura electrónica a la realidad de las pymes españolas ante un calendario de obligaciones que consideran desproporcionado. El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha elevado una petición urgente al Gobierno para que se revise la implementación de este sistema de control tributario. La razón: el 99,8% de las empresas en España son pymes, y sus propietarios gestionan simultáneamente la producción, las ventas y la cumplimentación de requisitos regulatorios cada vez más complejos.
Verifactu: qué obliga y cuándo entra en vigor
El sistema Verifactu, impulsado por la Agencia Tributaria, exige la inmediatez en el registro de facturas y el envío de información fiscal en tiempo real. Para las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades, la obligación comienza el 1 de enero de 2027. Los autónomos y restantes obligados tributarios tienen hasta el 1 de julio de 2027.
El Consejo General no cuestiona la digitalización ni los objetivos antifraude. Su objeción se centra en la arquitectura normativa: una sola operación extraordinaria puede activar permanentemente el sistema Verifactu para un pequeño comercio, a través del denominado Informer de la Agencia Tributaria. Esta activación, una vez producida, no contempla mecanismos de salida ni evaluación de la capacidad tecnológica real del negocio.
El órgano colegial ha elaborado un informe técnico detallado que documenta este efecto cascada. El documento demuestra cómo una transacción puntual genera una obligación estructural permanente, sin que el tamaño de la empresa, su volumen de facturación ni su complejidad operativa modulen la exigencia.
Fernando Jesús Santiago: "No es justificable que una peluquería asuma las mismas obligaciones que una multinacional"
El presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago, ha articulado la postura del colectivo con una comparación explícita. Considera inaceptable que una peluquería o un bar de barrio enfrenten cargas administrativas equiparables a las de una gran corporación, cuando la propia Administración Tributaria dispone ya de tecnología suficiente para segmentar el riesgo fiscal por tipología de contribuyente.
La argumentación apunta a un desajuste técnico: la capacidad de la Agencia Tributaria para perfilar riesgos no se traduce en una regulación proporcionada. El sistema actual opera bajo una lógica de "one size fits all" que el Consejo rechaza. Abogan por una "regulación inteligente" que incorpore criterios objetivos, exenciones selectivas y un estudio de impacto conjunto antes de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones.
La propuesta concreta del Consejo se organiza en tres ejes:
- Criterios objetivos en la normativa. Establecer umbrales de facturación, estructura empresarial y volumen operativo que modulen la obligación de Verifactu.
- Exenciones selectivas. Permitir que ciertos colectivos, previa acreditación de bajo riesgo fiscal, queden al margen del sistema o accedan a versiones simplificadas.
- Estudio de impacto conjunto. Evaluar antes de la implementación definitiva el coste tecnológico y el tiempo administrativo que absorberá cada nueva obligación.
El coste oculto: horas que no se dedican a producir ni contratar
Cada requerimiento regulatorio adicional consume horas que el propietario de una pyme no destina a actividades productivas. El Consejo General cuantifica este efecto en términos de oportunidad: el tiempo invertido en comprender, implementar y mantener sistemas como Verifactu se sustrae directamente de la producción, la comercialización y la generación de empleo.
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En una economía donde el 99,8% de las empresas son pymes, esta dispersión de esfuerzo tiene efectos macroeconómicos. El colectivo de gestores administrativos, que asesora diariamente a estos negocios, sitúa el problema no en la resistencia al cambio digital, sino en la ausencia de una arquitectura normativa que discrimine por capacidad y riesgo real.
La factura electrónica, cuya obligatoriedad general se desarrolla paralelamente, añade otra capa de complejidad. La convergencia de ambos sistemas en el horizonte 2027-2028 multiplica la presión sobre los departamentos financieros de las empresas más pequeñas, que frecuentemente no existen como tales y son gestionados por el propio titular.
El calendario de 2027 y la ventana para la modulación
La primera fecha clave, 1 de enero de 2027, afecta a las entidades que tributan por Impuesto de Sociedades. La segunda, 1 de julio de 2027, extiende la obligación a autónomos y restantes sujetos. Entre ambas fechas hay seis meses que el Consejo General considera insuficientes para una transición ordenada sin ajustes normativos previos.
La petición de revisión urgente busca precisamente alterar este calendario o, al menos, introducir mecanismos de flexibilidad antes de que las obligaciones sean efectivas. El informe técnico presentado por el Consejo constituye el soporte documental para una negociación que, de producirse, debería concretarse en el último trimestre de 2026 para dejar margen reglamentario.
La posición del colectivo deja claro que no se trata de una oposición frontal a Verifactu ni a la factura electrónica. Se trata de que la implementación reconozca la estructura real del tejido empresarial español, donde la mayoría de los negocios no tiene departamento de sistemas ni puede asumir costes de consultoría tecnológica recurrentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente el sistema Verifactu?
Verifactu es el sistema de control tributario de la Agencia Tributaria que obliga al registro inmediato de facturas y al envío de información fiscal en tiempo real, con el objetivo de reducir el fraude y el uso de software de doble contabilidad.
¿Puede una única operación activar Verifactu permanentemente para una pyme?
Sí, según el informe técnico del Consejo General, el Informer de la Agencia Tributaria puede activar la obligación de forma permanente tras una operación extraordinaria, sin mecanismos de desactivación posterior ni evaluación de la estructura empresarial.
¿Qué alternativas propone el Consejo General en lugar de la obligación universal?
El Consejo sugiere tres vías: introducir criterios objetivos en la normativa (umbrales de facturación, estructura empresarial), aplicar exenciones selectivas para colectivos de bajo riesgo, y realizar un estudio de impacto conjunto antes de la implementación definitiva.
Información publicada originalmente por El Derecho.