Violencia sexual laboral: juzgado de Vigo dicta sentencia clave
Un juzgado de Vigo ha declarado accidente de trabajo la baja por incapacidad temporal de una empleada del servicio de ayuda a domicilio (SAF) tras sufrir violencia sexual por parte de la persona a la que atendía. La sentencia obliga al INSS, a Ibermutua Gallega, a la empresa concesionaria y al ayuntamiento a asumir las consecuencias de esta calificación, que traslada el coste de la contingencia del sistema ordinario al de accidentes laborales.
La trabajadora denunció haber sido tocada reiteradamente por el usuario. La empresa no activó el protocolo de acoso. El Servicio de Salud le diagnosticó "depresión/trastornos depresivos" y la dio de baja por contingencias comunes. El tribunal estableció nexo causal directo entre los hechos ocurridos en el puesto y la incapacidad.
24.500 euros de multa propuesta por la Inspección
La CIG ya había presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo. Los informes de servicio recogían episodios previos de violencia que la empresa ignoró, sin actualizar las evaluaciones de riesgos ni las medidas preventivas. La Inspección propuso una sanción administrativa superior a 24.500 euros por deficiencias en la prevención.
Pedro Pérez, secretario de Organización de CIG-Servizos, calificó el fallo como una llamada de atención para cambiar la organización y la prevención en el SAF. El sector concentra a miles de trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en condiciones de especial vulnerabilidad por la soledad del puesto y la dependencia de la relación con el usuario.
Burela y el control de los concursos del SAF
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha estimado un recurso de Comisiones Obreras (CCOO) sobre los pliegos del servicio de ayuda a domicilio en Burela (Lugo). El tribunal obliga a corregir las condiciones de licitación para que los costes salariales se ajusten al convenio colectivo.
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La decisión de Burela llega en un contexto de litigios crecientes sobre la externalización del SAF. Los concursos municipales a la baja generan tensiones entre cumplimiento normativo y ajuste presupuestario, con repercusión directa en las condiciones laborales de las plantillas.
El protocolo de acoso que no se activó
La sentencia de Vigo pone el foco en un vacío recurrente: la existencia formal de protocolos de prevención de acoso que no se ejecutan cuando ocurre el incidente. La obligación de activación inmediata es un estándar en la normativa de prevención de riesgos laborales, especialmente en sectores con exposición a violencia de terceros.
Para los despachos de derecho laboral y los departamentos de compliance, el caso ofrece un precedente relevante sobre la carga probatoria del nexo causal en contingencias psíquicas. La línea entre baja común y accidente de trabajo se dibuja por la demostración de la relación entre el daño y las condiciones de ejecución del puesto.
Información publicada originalmente por LegalToday.