Google: nueva sentencia obliga a borrar datos personales
El Tribunal Supremo ha redefinido el alcance del derecho al olvido en internet con una sentencia que obliga a Google a evaluar directamente las peticiones de eliminación sin exigir un previo pronunciamiento judicial. La resolución, dictada en junio de 2025, establece que los buscadores poseen "conocimiento efectivo" suficiente para decidir sobre la retirada de datos personales cuando un ciudadano ejerce este derecho. El fallo pone fin a años de incertidumbre sobre quién debe asumir la carga de valorar el equilibrio entre la libertad de información y la protección de la identidad digital.
Google como responsable del tratamiento: el fin del escudo intermediario
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha declarado que Google LLC es responsable del tratamiento de datos que realiza con su motor de búsqueda. Esta calificación implica que la empresa no puede limitarse a albergar contenidos ajenos sin examinar las solicitudes de supresión que recibe.
El criterio se apoya en el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). Según la sentencia, cuando una persona aporta los elementos necesarios para ejercer su derecho al olvido, el buscador dispone ya de conocimiento efectivo para adoptar una decisión fundada. No precisa, por tanto, que un juez o una autoridad administrativa declaren previamente ilícita la información publicada.
La doctrina supone un giro respecto a la práctica habitual de Google, que hasta ahora solía requerir una resolución judicial para proceder a la desindexación de contenidos en casos conflictivos. El Tribunal ha optado por transferir la responsabilidad de la ponderación a la propia plataforma tecnológica.
El equilibrio de derechos: por qué ganó el particular frente a Google
El Supremo ha matizado que el derecho al olvido no es una herramienta para borrar toda información negativa o incómoda. Requiere una ponderación caso por caso entre la libertad de información y los derechos personales a la protección de datos, la intimidad y el honor.
En el caso concreto resuelto, el Tribunal estimó la pretensión del ciudadano por tres razones concurrentes: no era una persona públicamente relevante, los hechos carecían de valor histórico y el tiempo transcurrido había diluido el interés público de la información. Mientras tanto, el impacto negativo sobre su reputación permanecía vigente. La resolución subraya que una noticia legítima en su momento puede dejar de serlo cuando las circunstancias cambian.
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La visión de Javier Franch: "Internet no puede convertir cualquier información del pasado en una condena permanente"
El letrado Javier Franch Fleta, especializado en protección de datos, reputación online e identidad digital, ha sido el artífice de la victoria judicial. Franch ejerce como CEO y fundador de Honoralia, despacho pionero en España en la gestión de identidades digitales y la eliminación de contenidos negativos o desactualizados tanto en buscadores como en modelos de inteligencia artificial como ChatGPT.
Franch ha destacado que el núcleo de la sentencia reside en reconocer que internet no puede transformar cualquier información del pasado en una condena permanente para una persona. Su tesis defiende que el transcurso del tiempo modifica el peso de los datos públicos, hasta el punto de que la privacidad personal puede primar sobre el derecho colectivo a la información.
Próximo escenario: ¿se extenderá la doctrina a los modelos de IA generativa?
La sentencia del Supremo llega en un momento de creciente debate sobre el control de la información personal en entornos digitales cada vez más complejos. Los buscadores tradicionales ya no son el único vector de exposición: los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generan respuestas sintetizadas que pueden perpetuar datos obsoletos o sesgados sobre personas físicas.
La firma Honoralia ya trabaja en la eliminación de contenidos en este tipo de sistemas, lo que anticipa una posible extensión de los conflictos jurídicos al terreno de la IA generativa. ¿Asumirán OpenAI, Google o Anthropic la misma responsabilidad de "conocimiento efectivo" que ahora se exige a los buscadores? La pregunta está en el aire, y la respuesta probablemente llegará por la vía judicial.
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.