Unión Europea: España enfrenta nueva demanda ante el TJUE
La Comisión Europea ha llevado por segunda vez a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener un régimen de indemnización estatal que sigue bloqueando reclamaciones ciudadanas por leyes contrarias al Derecho de la UE. El nuevo envío al TJUE, casi cuatro años después de la sentencia de junio de 2022, abre la puerta a una multa a tanto alzado y a una sanción diaria.
La sentencia de 2022 declaró «excesivamente difícil» reclamar al Estado
El tribunal europeo dio la razón a Bruselas en junio de 2022. Concluyó que las normas españolas imponían condiciones y limitaciones que hacían «excesivamente difícil» que los particulares obtuvieran compensación por los perjuicios derivados de una vulneración del Derecho de la UE por parte del legislador.
En el punto de mira están la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento se inició en 2015, tras varias denuncias, y la Comisión abrió expediente de infracción en junio de 2017. Ante la falta de cambios legislativos, acudió por primera vez al TJUE en 2019.
Un proyecto de ley paralizado en el Parlamento agota la paciencia de Bruselas
Cuatro años después del fallo, la Comisión considera que España no ha incorporado plenamente sus exigencias al ordenamiento. En diciembre de 2025 envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas.
Tras los intercambios posteriores, el Ejecutivo comunitario entiende que el incumplimiento persiste. Señala además que el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas sigue pendiente de aprobación en el Parlamento español, motivo por el que ha decidido remitir el caso de nuevo al TJUE.
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Multa a tanto alzado y sanción diaria: lo que arriesga España
Si los jueces europeos concluyen que España ha incumplido la sentencia de 2022, el tribunal podrá imponer al Estado una multa a tanto alzado y una sanción económica diaria hasta que se produzca el cumplimiento efectivo del fallo.
Para los despachos y la abogacía de empresa, el escenario tiene una lectura práctica: mientras la reforma no se apruebe, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por leyes contrarias al Derecho de la UE seguirán enfrentando las barreras que el TJUE ya censuró. La presión de una segunda condena, ahora con sanción económica, es el principal incentivo para desbloquear el proyecto en el Parlamento.
Información publicada originalmente por Confilegal.