Caso Azud: 38 personas irán a juicio por corrupción
El caso Azud avanza a juicio tras una década de instrucción. Una jueza del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado un auto de 300 páginas que procesa a 38 personas por un entramado de corrupción en contratos públicos y operaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana. La resolución deniega las peticiones de sobreseimiento y abre la puerta a la fase oral del procedimiento.
38 procesados: de exediles del PP a familiares de Rita Barberá
Entre los acusados figuran antiguos concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia, un exportavoz municipal del PSOE y un exsubdelegado del Gobierno. También está procesado el exalcalde de Xixona (Alicante), junto con empresarios, funcionarios y letrados.
La resolución judicial alcanza a familiares directos de la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá: su cuñado y tres sobrinas. El cuñado dirigía una asesoría profesional que, según el tribunal, funcionó como canal para el cobro de comisiones ilegales.
El esquema: el 80% de la facturación de la asesoría, de sobornos
La investigación arrancó en 2016 tras una denuncia de la Agencia Tributaria. La jueza concluye que aproximadamente el 80% de la facturación de la asesoría del cuñado de Barberá procedía de sobornos pagados por grandes grupos empresariales.
A cambio, los implicados obtuvieron adjudicaciones a dedo y decisiones favorables del Ayuntamiento de Valencia y otras entidades públicas. El entramado se extendió a municipios como Burjassot, Benicàssim y La Vila Joiosa.
Los contratos investigados abarcan servicios esenciales, entre ellos atención domiciliaria y limpieza de redes de saneamiento de aguas, además de operaciones urbanísticas. En las adjudicaciones aparecen Acciona y Grupo Axis entre las constructoras mencionadas.
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Financiación irregular de campañas del PSOE y del PP
La resolución judicial destaca el fondo de financiación ilegal de campañas electorales. En el caso del PSOE, el auto señala el presunto pago de actos de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Según la jueza, esa financiación se habría articulado como contraprestación por el papel de la empresa pública Aquamed en un plan urbanístico de Xixona.
El PP también aparece en este capítulo: la resolución apunta una financiación irregular similar para la campaña del entonces alcalde de Xixona.
Plazo de 10 días para que la Fiscalía formule acusación
La jueza ha denegado las solicitudes de archivo al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad. La Fiscalía y las demás acusaciones disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar sus escritos de calificación y solicitar la apertura de juicio oral.
La instrucción, que se ha prolongado durante diez años, deja un procedimiento con decenas de acusados de distinto signo político y empresas de relevancia en el sector de la construcción. La siguiente decisión corresponde a la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá acordar la apertura del juicio si las acusaciones lo requieren.
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.