Juicio de Cerro Muriano: piden acceso televisivo al proceso

El abogado penalista Luis Romero, representante de los padres del soldado Carlos León Rico, se ha posicionado a favor de que las cámaras de televisión accedan al juicio militar por las muertes de dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba). Su exigencia de transparencia pone sobre la mesa un debate inédito en la justicia castrense española, donde la publicidad de los procedimientos sigue siendo excepcional pese a la doctrina del Tribunal Constitucional. El caso, que enfrenta a cuatro oficiales del Ejército con penas de hasta diez años de prisión, podría convertirse en el primer gran proceso militar televisado de las últimas décadas.

20 sesiones para más de 100 testigos: el calendario que Romero considera insuficiente

La Audiencia Central Militar ha programado veinte sesiones entre octubre y noviembre de 2026 para juzgar los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2023. Ese día, el soldado Carlos León Rico y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar murieron ahogados durante un ejercicio conocido como "vadeo de río", consistente en atravesar un lago con equipo completo sin tocar el fondo.

Romero estima que serán necesarias entre diez y quince sesiones adicionales, lo que podría extender el juicio hasta Navidad. La complejidad del procedimiento radica en el volumen de participantes: diez partes con derecho a interrogatorio —fiscalía militar, tres acusaciones particulares, cuatro defensas, Abogacía del Estado y una compañía aseguradora— y más de un centenar de testigos y peritos.

El letrado también reclama mejoras logísticas concretas: iluminación adecuada y taquígrafos que garanticen la constancia escrita de las declaraciones. Son medidas que, en su opinión, distinguen un juicio formalmente celebrado de uno realmente garantista.

Los cuatro acusados y una petición de 500.000 euros de indemnización

La fiscalía solicita diez años de prisión y la expulsión del Ejército para cuatro oficiales acusados de dos delitos contra la eficiencia del servicio, equiparables a un homicidio imprudente agravado. La acusación particular, ejercida por los padres de Carlos León Rico, eleva la reparación civil a 500.000 euros, con el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.

Los acusados se dividen en dos categorías según su participación. Como autores del hecho figuran los capitanes Ignacio Zúñiga y Jaime Tato. Como cooperadores necesarios, el teniente coronel José Luis Zanfaño y el comandante Luis Fernando Velasco. Romero compara la trascendencia del caso con los juicios por el 23-F o el accidente del Yak-42, los dos referentes recientes de la jurisdicción militar española.

Luis Romero a favor de que la doctrina del Constitucional imponga cámaras en la sala

La posición de Luis Romero a favor de que las televisiones retransmitan el juicio no es una mera reclamación mediática. Se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, que obliga a que cualquier denegación de acceso de cámaras sea motivada por escrito. Para el abogado, la transparencia no es compatible con la opacidad: sin ella, la justicia militar pierde credibilidad ante la sociedad.

El argumento resuena con especial fuerza en un contexto de escrutinio creciente sobre las Fuerzas Armadas. Los ejercicios de instrucción con víct mortales han generado informes internos del Ministerio de Defensa que rara vez ven la luz pública. La presencia de cámaras obligaría a una mayor rigurosidad en la exposición de pruebas y en la fundamentación de las resoluciones.

La oposición de las defensas de los oficiales es previsible. El artículo 120.3 de la Constitución española garantiza la publicidad de los juicios, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial y la jurisdicción militar permiten limitaciones por razones de orden público, seguridad nacional o protección de menores e intimidad. La tensión entre ambos preceptos definirá si Cerro Muriano se convierte en precedente.

Octubre de 2026: el plazo que marca la justicia castrense

El calendario judicial deja poco margen para la negociación. Con las primeras sesiones fijadas para octubre, las partes disponen de semanas, no de meses, para resolver las cuestiones previas sobre medios técnicos y acceso informativo. La decisión de la Audiencia Central Militar sobre las cámaras será probablemente recurrible ante el Tribunal Constitucional si alguna parte considera vulnerado el derecho de información.

Para los despachos especializados en derecho militar y para la abogacía del Estado, el caso ofrece un escenario de prueba sobre cómo conciliar la transparencia con las garantías procesales. El Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario, tiene un interés particular en que el juicio se perciba como imparcial: una condena con retransmisión televisiva y una condena a puerta cerrada generan impacto reputacional muy distinto.

¿Concederá finalmente la Audiencia Central Militar las cámaras que Luis Romero reclama, o fundamentará por escrito su denegación como exige el Constitucional? La respuesta llegará antes de que termine el otoño, y con ella, un veredicto sobre si la justicia castrense española está preparada para la misma exposición pública que la ordinaria.

Información publicada originalmente por Confilegal.