Unión Europea: demanda a España por indemnizaciones estatales
Bruselas ha vuelto a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener una legislación que dificulta en exceso reclamar indemnizaciones al Estado por daños causados por leyes contrarias al derecho europeo. La Comisión Europea considera que el país incumple la sentencia dictada en junio de 2022 y ha reactivado el procedimiento de infracción.
El caso afecta directamente al artículo 32 de la Ley 39/2015 y al artículo 36 de la Ley 40/2015. Estas normas regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, pero imponen condiciones que, según el tribunal europeo, hacen "excesivamente difícil" que los ciudadanos obtengan reparación cuando una ley española vulnera el derecho comunitario.
Diez años de pulso entre Bruselas y España por las indemnizaciones estatales
El conflicto arrancó en 2015, cuando Bruselas recibió varias quejas sobre la incompatibilidad de ambas leyes con el derecho de la Unión. En junio de 2017, la Comisión abrió expediente de infracción formal contra España.
Ante la ausencia de cambios legislativos, el Ejecutivo comunitario llevó el asunto al TJUE por primera vez en 2019. Tres años después, en junio de 2022, el tribunal falló a favor de Bruselas y confirmó que las normas españolas vulneraban el principio de responsabilidad estatal por incumplimiento del derecho europeo.
El proyecto de ley sigue bloqueado en el Congreso casi cuatro años después
España presentó un proyecto de ley para modificar los preceptos cuestionados, pero el texto sigue pendiente de aprobación en el Parlamento. La Comisión envió un pliego de cargos formal en diciembre de 2025 y, tras varios intercambios con las autoridades españolas, concluyó que el incumplimiento persiste.
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Para los despachos y la abogacía de empresa, el bloqueo legislativo mantiene en el aire la viabilidad de reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Clientes con daños derivados de normas nacionales contrarias al derecho europeo siguen enfrentando obstáculos procesales que el TJUE ya declaró incompatibles hace casi cuatro años.
Multa coercitiva y sanción diaria: el escenario que abre la segunda remisión
Si el TJUE confirma que España no ha ejecutado su sentencia de 2022, el país puede enfrentarse a una multa de cantidad fija y a una sanción pecuniaria diaria hasta que incorpore el fallo. Este mecanismo sancionador, previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE, se reserva a los Estados que ignoran las condenas del tribunal.
El próximo hito será la vista oral ante el TJUE, aún sin fecha fijada. Hasta entonces, el proyecto de ley de reforma seguirá acumulando polvo en el Congreso mientras la amenaza de sanción económica crece sobre las arcas públicas.
Información publicada originalmente por ElDerecho.com.