CGPJ: Activa control para reducir retrasos en juzgados sociales
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha activado un mecanismo de control sobre los órganos de lo Social con mayor carga de trabajo. El acuerdo busca identificar tribunales con retrasos críticos para evaluar refuerzos de personal.
El órgano de gobierno de los jueces ha encargado al Servicio de Inspección que elabore un informe detallado sobre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia. Este documento deberá señalar qué plazas registran mayor pendencia procesal y si procede reforzarlas al amparo del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De 13 a 16,2 meses: los plazos se disparan en los órganos sin ejecución
Los datos del primer informe inspector ya dibujan un deterioro considerable. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, los tiempos de respuesta en los órganos sin especialización en ejecución crecieron de 13 a 16,2 meses. Las plazas con ejecución, por su parte, pasaron de 10,8 a 13,3 meses.
La carga de trabajo resulta abrumadora. Solo en los tres primeros meses de 2026 ingresaron 98.002 asuntos, una cifra que representa el 149 % del indicador de entrada fijado por el propio CGPJ.
El informe deberá valorar también la especialización de plazas judiciales en ejecución, siguiendo el modelo ya implementado en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia. Esta medida se articularía mediante el artículo 96 LOPJ.
46 nuevas plazas y un incremento del 11,5 % en plantilla
El Real Decreto 559/2026 contempla la creación de 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia. Estas plazas suponen un incremento del 11,5 % respecto al número actual y entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027.
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La Comisión Permanente ha condicionado la especialización de nuevas plazas a la entrada en funcionamiento de estas plazas de nueva creación. El calendario previsto sitúa la puesta en marcha de los refuerzos en el próximo ejercicio.
El modelo de Barcelona y Valencia como referente
La experiencia de los Tribunales de Instancia de Barcelona y Valencia en la especialización de plazas en ejecución funciona como modelo a replicar. El Servicio de Inspección deberá determinar si esta fórmula es extensible a otras clases de asuntos y a otros distritos judiciales.
El acuerdo no supone una intervención automática. El CGPJ ha optado por activar primero el diagnóstico inspector antes de desplegar medidas de refuerzo, siguiendo el trámite previsto en la normativa orgánica.
¿Se alcanzará con 46 plazas nuevas para reducir los 16,2 meses de espera en los órganos más saturados?
Información publicada originalmente por El Derecho.