Juicio de Cerro Muriano: se retrasa la vista oral hasta 2027

El juicio por la muerte de los dos militares en Cerro Muriano se ha aplazado a 2027. La vista oral, prevista para el 26 de octubre de 2026 en la Audiencia Central Militar de Madrid, se celebrará finalmente en el primer trimestre del año próximo. Los letrados de ambas partes alegaron incompatibilidades de agenda que han obligado a retrasar la fecha.
Los cuatro acusados y las penas que se piden
Los hechos juzgados ocurrieron el 21 de diciembre de 2023 en el lago artificial de la base militar de Cerro Muriano (Córdoba). El soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de Adamuz (Córdoba), fallecieron durante un ejercicio de instrucción de la Brigada Guzmán El Bueno X.
La instrucción se dirige contra cuatro mandos militares: el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. Las peticiones de penas varían considerablemente entre las partes. El Ministerio Fiscal solicita ocho años para Zúñiga y cinco para Tato, por dos delitos contra la eficiencia del servicio (art. 77.1 del Código Penal Militar) y un homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 del Código Penal).
La familia de Carlos León, representada por el abogado Luis Romero, exige penas más severas: diez años de prisión para cada uno de los cuatro acusados, su expulsión del Ejército y una indemnización conjunta de casi 500.000 euros. La familia de Miguel Ángel Jiménez pide nueve años y seis meses para cada acusado y 257.064 euros de indemnización, con el Estado como responsable civil subsidiario.
El diseño del ejercicio y la ausencia de supervisión
La Fiscalía sostiene que el capitán Zúñiga actuó por criterios "personales e improvisados" al diseñar el ejercicio de vadeo del río. No informó a sus superiores de las condiciones del entrenamiento, de su finalidad específica (practicar la flotabilidad) ni del método empleado. La orden fue reducida a una instrucción simple: "naden y eviten caminar".
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Según la acusación particular del cabo Jiménez, Zúñiga diseñó y dirigió el ejercicio con la participación activa de Tato, ambos sin comunicárselo a sus mandos superiores. El teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco, aunque no participaron directamente, incurrirían en una falta de supervisión que les hace responsables del resultado. La Fiscalía reclama 422.174,40 euros en responsabilidad civil conjunta para las familias.
El debate sobre la justicia militar y el aplazamiento a 2027
Luis Romero, letrado de la familia León, ha aprovechado el caso para reclamar la integración de la jurisdicción penal militar en la ordinaria. El aplazamiento a 2027 alimenta las críticas sobre la lentitud de los procedimientos en la justicia castrense, que ya acumula casi tres años desde los hechos sin que se haya celebrado la vista oral.
La fecha definitiva del juicio quedará fijada cuando la Audiencia Central Militar resuelva las incompatibilidades planteadas por los abogados. El primer trimestre de 2027 será, en cualquier caso, el momento en que cuatro mandos del Ejército se enfrenten a un tribunal militar por la muerte de dos soldados en un ejercicio de instrucción que nunca debió celebrarse sin supervisión ni protocolos de seguridad.
Información publicada originalmente por Confilegal.