Controles de alquiler: la contradicción interna del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una contradicción interna sobre vivienda que sus propios ministros de Economía dejaron por escrito. Nadia Calviño y Carlos Cuerpo, los dos únicos titulares de esa cartera en ocho años, cuestionaron los controles de alquiler que el Ejecutivo acabó aprobando.
Carlos Cuerpo y el informe de 2014 que contradice al Gobierno
El caso más llamativo es el del actual vicepresidente primero y ministro de Economía. En 2014, como técnico de la Comisión Europea, Cuerpo firmó junto a Peter Pontuch y Sona Kalantaryan el documento The Regulation of the Rental Market in the European Union.
En ese trabajo sostuvo que el control de precios del alquiler "parece tener un impacto significativamente desestabilizador sobre el mercado de la vivienda en su conjunto". La razón: aumenta la volatilidad ante cambios de población, renta disponible, inversión residencial o tipos de interés a largo plazo.
Además, el informe analizó la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, la del Gobierno de Mariano Rajoy, y destacó que introdujo flexibilidad en la fijación de rentas y neutralidad de incentivos entre propietarios e inquilinos. Su conclusión: mejoró el funcionamiento del mercado.
Calviño, en 2021: "no va a resolver todos los problemas"
Nadia Calviño, anterior ministra de Economía y hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, también mostró reservas. En 2021 declaró que regular los precios del alquiler "no es una medida que vaya a resolver todos los problemas".
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El contraste es directo con la línea oficial. El Ejecutivo critica con frecuencia la reforma de 2013 por dejar, según su relato, al inquilino desprotegido al reducir la duración de los contratos y facilitar los desahucios. Su propio vicepresidente la elogió por escrito.
Informes técnicos frente a socios parlamentarios
La discrepancia queda documentada en informes técnicos, declaraciones públicas y libros de memorias. La lectura que plantea el análisis es incómoda: las decisiones de política económica responderían a la conveniencia política y a las exigencias de los socios parlamentarios más que a criterios técnicos.
Para la práctica jurídica, el dato relevante es que la bibliografía técnica europea, incluida la firmada por el propio Cuerpo, ya se cita en el debate sobre la constitucionalidad y la eficacia de los límites a las rentas. Es munición argumental disponible en cualquier contencioso sobre la normativa de zonas tensionadas.
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.
Imagen: Aaron Johnson / Pexels