Global Sumud: Amplían investigación por torturas y lesiones

La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación sobre el abordaje de la flotilla de ayuda humanitaria Global Sumud para incluir posibles delitos de torturas, daños y lesiones. El juez Francisco de Jorge extendió el alcance inicial, que solo cubría detenciones ilegales, tras las apelaciones presentadas por formaciones políticas españolas. La decisión sitúa a España en una posición judicial compleja sobre hechos ocurridos en aguas internacionales el pasado 1 de octubre.
De la detención ilegal a las torturas: qué amplía el auto
El juez De Jorge había abierto causa contra Ramatcal Eyal Zamires, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, y Ram Rotberg, comandante de las Fuerzas Navales. El foco inicial se centraba exclusivamente en presuntas detenciones ilegales cometidas a bordo de buques con bandera española.
Tras estudiar los recursos del Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida (IU) y otros querellantes, el magistrado extendió el objeto de la investigación. Ahora se examinan también torturas, daños, lesiones y otros delitos ocurridos en las embarcaciones españolas. El auto subraya que la jurisdicción española es competente para investigar hechos en naves de bandera nacional, con independencia de la nacionalidad de las víctimas.
Para los incidentes denunciados en buques israelíes o centros de detención de ese país, el juez no ha asumido aún competencia ni dirigido diligencias contra personas concretas. Sí ha ordenado actuaciones para identificar presuntos responsables y comprobar si alguno se encuentra en España, requisito exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer competencia extraterritorial.
El juez rechaza la calificación de piratería marítima
El magistrado rechazó la petición de las acusaciones para tipificar los hechos como piratería marítima. Argumentó que esta figura resulta inaplicable porque ni las tripulaciones ni los militares actuaron por lucro personal. Los efectivos israelíes ejecutaban órdenes políticas del Estado de Israel para impedir la interferencia en sus operaciones.
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Esta decisión técnica cierra la puerta a una calificación que habría elevado la gravedad simbólica del caso y potencialmente modificado el marco de cooperación internacional aplicable. La investigación mantendrá ahora su rumbo centrado en los delitos contra personas y bienes cometidos en el ámbito de la jurisdicción española.
Próximos pasos: identificación de responsables y filtro de competencia
La instrucción avanzará ahora sobre dos frentes. Primero, la determinación de crímenes en buques de bandera española. Segundo, la identificación de responsables de hechos ocurridos fuera de ellos, pendiente de que alguno pueda ser localizado en territorio español para activar la competencia por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
La causa ilustra la tensión entre el principio de jurisdicción universal restringida en España tras las reformas de 2009 y 2014, y la presión política para judicializar el conflicto palestino en tribunales europeos. El juez De Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ya había adoptado posiciones similares en otras causas de relevancia internacional.
Información publicada originalmente por Confilegal.