Audiencia Nacional investigará los hechos denunciados contra Julio Iglesias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rectificado su criterio y ahora considera que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción para investigar la querella de dos exempleadas contra Julio Iglesias. El caso, que instruye el magistrado Antonio Piña, se refiere a hechos presuntamente ocurridos en 2021 en las residencias del artista en Bahamas y República Dominicana.
En enero, el Ministerio Público pidió archivar las diligencias al entender que los hechos ocurrieron íntegramente fuera de España. Nueve meses después, el nuevo informe sostiene lo contrario, según publica Confilegal.
El artículo 23.2 de la LOPJ, la llave que reabre el caso
La rectificación se apoya en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa norma permite a los juzgados españoles conocer de delitos cometidos por españoles fuera del territorio nacional bajo tres condiciones.
- Doble incriminación: el hecho debe ser punible en el lugar donde se cometió.
- Denuncia previa: tiene que existir querella del agraviado o denuncia fiscal.
- Sin sanción previa: el acusado no puede haber sido absuelto, indultado ni condenado en el extranjero.
Trata, agresiones sexuales y derechos laborales: los delitos que se investigan
La querella, impulsada por la ONG Women's Link, sostiene que el cantante se habría aprovechado de su posición de poder y de la vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante.
Las querellantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura, describen tocamientos, insultos y humillaciones en un entorno de control continuo, según una investigación de Eldiario.es y Univision Noticias.
Women's Link sostiene que los hechos podrían encajar en varios tipos penales: trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, lesiones, tratos degradantes y delitos contra los derechos de los trabajadores.
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Un giro sin explicación pública que deja la pelota en el tejado de Piña
La directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos Cisnero, considera fundamental que el caso siga adelante. La organización fundamenta la jurisdicción española no solo en el artículo 23 de la LOPJ, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.
La Fiscalía no ha explicado públicamente por qué cambia de criterio respecto al archivo que defendió en enero. La diferencia entre ambos informes, separados por nueve meses, queda por ahora sin justificación oficial.
Con el informe favorable sobre la mesa, la decisión final corresponde al magistrado Antonio Piña, que deberá pronunciarse sobre si la Audiencia Nacional asume la investigación. ¿Admitirá el juzgado la querella y abrirá la fase de instrucción con citaciones en España?
Información publicada originalmente por Confilegal.
Imagen: EEIM, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons