Contratación irregular: empresario es multado en Castilla y León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de un empresario a una multa de 4.860 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores al contratar irregularmente a extranjeros sin permiso de trabajo en España. La sentencia número 78/2026, dictada el pasado 2 de junio por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León, desestima el recurso del acusado y ratifica que contrató de forma consciente y reiterada a jornaleros agrícolas sin formalizar contratos ni darlos de alta en la Seguridad Social. El fallo, que aún no es firme, pone de relieve la persistencia de prácticas de explotación laboral en el sector agrario español, especialmente en campañas de recogida de productos estacionales.
Los hechos: patata, jornaleros y ausencia total de contratos en Valladolid
Los hechos investigados ocurrieron entre julio y septiembre de 2021 en la provincia de Valladolid. El acusado, de origen rumano, actuó como intermediario en la prestación de servicios agrícolas para la recogida de patata.
Durante esos tres meses, contrató a varios jornaleros sin formalizar ningún contrato laboral ni darlos de alta en la Seguridad Social. La Sala destaca que procedió de forma consciente y reiterada, pese a conocer la situación irregular de los trabajadores.
El tribunal identificó concretamente a las víctimas: al menos un ciudadano serbio, tres argelinos y un colombiano. Todos carecían de permiso de trabajo en España, circunstancia que el acusado conocía al momento de la contratación.
El TSJ desmonta el recurso: pruebas válidas y presunción de inocencia intacta
La defensa del empresario alegó vulneración de la presunción de inocencia, pero la Sala la rechaza de plano. El tribunal sostiene que las pruebas presentadas fueron válidas, legales y suficientes para demostrar los hechos.
Además, descarta que existan errores en la valoración probatoria realizada por el juez de instancia. Las declaraciones de los testigos resultaron determinantes para acreditar la naturaleza sistemática de las contrataciones irregulares.
La sentencia no es firme. El condenado conserva la posibilidad de interponer un nuevo recurso ante el propio TSJ de Castilla y León, aunque la Sala de lo Civil y Penal no ha estimado ninguna de las cuestiones planteadas en esta primera instancia de apelación.
Multa de 4.860 euros: ¿qué dice el tipo penal del artículo 311 del Código Penal?
El delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 311 del Código Penal, castiga a quienes, teniendo la condición de empresarios, vulneren de forma grave los derechos reconocidos en la normativa laboral. La condena a pena de multa, en lugar de prisión, responde al criterio judicial de graduación según la cuantía del perjuicio y la reiteración delictiva.
En este caso, los 4.860 euros de multa reflejan una valoración moderada por parte de la Audiencia Provincial que el TSJ ha ratificado. La ausencia de contratos escritos y de altas en la Seguridad Social constituye el núcleo factual sancionado, sin que se haya acreditado agravantes adicionales como condiciones de trabajo inhumanas o retribuciones extremadamente degradantes.
La jurisprudencia en esta materia ha tendido a endurecerse en los últimos años, especialmente tras las reformas del Código Penal de 2015 y las sucesivas modificaciones del régimen sancionador en materia de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000, en su redacción actual, vincula estrechamente la irregularidad en la contratación de extranjeros con infracciones en el ámbito de la Seguridad Social.
El perfil del condenado: intermediario rumano en el circuito agrario castellano-leonés
La condena alcanza a un empresario de origen rumano que operaba como intermediario en la prestación de servicios agrícolas. Este perfil no es casual: la recogida de patata en Castilla y León depende históricamente de mano de obra inmigrante, frecuentemente canalizada a través de redes informales de contratación.
La elección de trabajadores de nacionalidades concretas (serbia, argelina, colombiana) sugiere la existencia de circuitos de captación establecidos. El tribunal no ha investigado en esta sentencia la posible responsabilidad de terceros en la intermediación, ni ha valorado si el empresario actuaba por cuenta propia o como eslabón de una cadena mayor.
Para los despachos especializados en derecho laboral y extranjería, el caso ilustra el riesgo penal de la externalización de servicios agrarios sin controles de compliance. La cadena de contratación opaca, donde el titular de la explotación agrícola delega en intermediarios, dificulta la trazabilidad de las obligaciones laborales y de Seguridad Social.
Implicaciones para el compliance empresarial: del campo a la cadena de suministro
La sentencia llega en un contexto de reforzamiento normativo del control de la contratación. La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, incluyó modificaciones en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social que elevan las sanciones por empleo irregular de trabajadores extranjeros.
Para la abogacía de empresa, el mensaje es directo: la presunción de inocencia no ampara al empresario cuando existen testigos que acreditan la contratación real y la ausencia de formalización. Los protocolos de due diligence en la contratación de personal temporal, especialmente en sectores estacionales, deben incorporar verificación documental del permiso de trabajo y del alta en la Seguridad Social.
El Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, establece en su artículo 132 la infracción grave de "ocupar a extranjeros en situación irregular", sancionable con multas de 10.000 a 100.000 euros por trabajador. La vía penal, como en este caso, se abre cuando concurren elementos de explotación o reiteración que elevan la gravedad de los hechos.
El sector agrario vallisoletano: un caldo de cultivo para la irregularidad
La provincia de Valladolid concentra una parte significativa de la producción de patata de Castilla y León, una de las principales regiones productoras de España. La campaña de recogida, que se desarrolla en los meses estivales, demanda mano de obra intensiva durante periodos breves e intensos.
Esta temporalidad estructural genera condiciones propicias para la informalidad. Los jornaleros, muchos de ellos en situación administrativa irregular, aceptan condiciones precarias ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral formal. El empresario condenado se situaba en el eslabón intermedio de esta cadena, captando trabajadores que luego prestaban servicios en las explotaciones agrícolas.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado los controles en el sector agrario desde 2022, con campañas específicas en las comunidades autónomas de mayor producción. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan un incremento sostenido de las sanciones por empleo irregular en agricultura, aunque la ratio de condenas penales respecto a infracciones administrativas detectadas sigue siendo baja.
¿Qué opciones le quedan al condenado tras la sentencia del 2 de junio?
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León dejó abierta la posibilidad de recurso, aunque no precisó el plazo ni la vía procesal concreta. En principio, cabría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se acreditara la existencia de cuestión de interés casacional, algo improbable dado el perfil técnico-local de la sentencia.
Paralelamente, el condenado podría plantear un incidente de ejecución para la suspensión del pago de la multa, aunque la cuantía (4.860 euros) no alcanza umbrales que justifiquen fraccionamientos complejos. La posibilidad de sustituir la pena por trabajos en beneficio de la comunidad dependerá de la valoración del juez de ejecución penal.
Para las víctimas, la sentencia no contempla indemnización civil alguna, dado que el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311 CP no genera responsabilidad civil derivada del hecho punible de forma automática. Cada trabajador debería reclamar por vía laboral o civil los salarios devengados y los daños derivados de la falta de alta en la Seguridad Social.
Preguntas frecuentes
¿Qué artículo del Código Penal se aplica por contratar extranjeros sin permiso de trabajo?
El artículo 311 del Código Penal, que castiga como delito contra los derechos de los trabajadores la grave vulneración de derechos por parte de empresarios. La contratación irregular de extranjeros sin permiso de trabajo puede constituir este delito cuando concurre reiteración o perjuicio efectivo.
¿Cuánto tiempo tarda en ser firme una sentencia del TSJ de Castilla y León?
Depende de si se interpone recurso. En este caso, la sentencia de 2 de junio de 2026 aún no es firme y puede ser recurrida ante el propio TSJ o, en su caso, mediante casación ante el Tribunal Supremo. Los plazos procesales varían entre 15 y 30 días hábiles según la vía.
¿Pueden los jornaleros irregulares reclamar salarios pese a no tener contrato?
Sí. La jurisprudencia laboral permite acreditar la relación laboral por cualquier medio de prueba, incluidos testigos. Los trabajadores pueden reclamar salarios devengados, cotizaciones a la Seguridad Social y, en su caso, indemnización por despido improcedente si la relación cesó sin causa justificada.
Información publicada originalmente por El Derecho.