Colegios profesionales: piden un pacto por la vivienda en Cataluña
Los colegios profesionales exigen un pacto por la vivienda en Cataluña
Siete colegios profesionales catalanes han reclamado un pacto transversal para frenar la crisis de la vivienda. La petición se formuló este lunes durante la jornada "La vivienda en Cataluña: ¿un derecho real?", celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña en Barcelona.
Notarios, abogados, procuradores, arquitectos, economistas, agentes inmobiliarios y administradores de fincas coincidieron en diagnosticar la inseguridad jurídica como motor del problema. También señalaron los cambios legislativos constantes y la escasez de vivienda asequible.
4.972 viviendas retiradas en tres días
Cristina Vallejo, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), aportó el dato más impactante de la jornada. Según su intervención, 4.972 viviendas salieron del mercado en solo tres días por la inseguridad jurídica generada por los últimos decretos del Gobierno.
La decana de la abogacía barcelonesa ilustró el problema con un caso concreto. Un procedimiento de desahucio iniciado en 2022 podría quedar suspendido hasta 2030 por las sucesivas prórrogas contractuales y las nuevas disposiciones.
José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña, defendió que las políticas públicas deben apoyarse en estadísticas fiables. Con datos de compraventas notariales, advirtió de que congelar rentas y prolongar contratos podría frenar la rotación de viviendas y "poner un tapón" a los flujos residenciales.
La Generalitat admite que no puede sola
Lídia Guillén, secretaria de Vivienda de la Generalitat, reconoció la complejidad jurídica y social del problema. Definió la vivienda como un derecho "poliédrico" y admitió que garantizarlo puede exigir regulaciones que afecten a otros derechos.
La representante del Govern fue más allá en su autocrítica. Reconoció que Cataluña carece de un sistema público de vivienda comparable al sanitario y que la Administración no puede desarrollarlo en solitario. Por eso calificó a los colegios profesionales de "imprescindibles".
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Procuradores y administradores de fincas alertan de efectos no deseados
Javier Segura, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, centró su análisis en la rentabilidad. Sostuvo que limitar las actualizaciones de renta por debajo de la inflación podría reducir los rendimientos y desincentivar la oferta.
Segura también advirtió de un efecto colateral sobre los estudiantes. Las restricciones al alquiler de habitaciones podrían alterar las preferencias de los propietarios y perjudicar a este colectivo.
Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cerró el turno de intervenciones con una crítica directa. Cuestionó la proliferación de normas que, en su opinión, complica el panorama regulatorio sin resolver el problema de fondo.
El debate queda abierto
La jornada no concluyó con acuerdos concretos, pero sí con una constatación compartida. Los siete colegios profesionales y la Administración reconocen que la crisis exige coordinación y estabilidad normativa.
La próxima cita será comprobar si el Govern traduce esta voluntad declarada en medidas con calendario. Hasta entonces, los profesionales seguirán reclamando estadísticas fiables y menos cambios legislativos.
Información publicada originalmente por Confilegal.
Imagen: Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons