Plus Ultra: Juez interroga a exdirectivos por pagos a Zapatero
El juez Calama interroga esta semana a la excúpula de Plus Ultra tras confirmar pagos de 540.000 € por la mediación de Zapatero en el rescate aéreo de 53 millones. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli comparecen como imputados con escritos de admisión que destapan el entramado de comisiones encubiertas.
La pieza del juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional apunta al expresidente del Gobierno como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. Los exdirectivos reconocieron ante el tribunal que entregaron aproximadamente el 1 % del rescate público a cambio de la intermediación política que desbloqueó la ayuda estatal durante la pandemia.
540.000 € repartidos entre tres sociedades y billetes en business class
Los pagos, efectuados entre 2020 y 2025, se canalizaron a través de tres empresas vinculadas a Julio Martínez Martínez, socio de negocios de Zapatero y titular de Análisis Relevante. La distribución queda así: 249.000 € a Análisis Relevante, 98.617 € a Voli Analítica y 110.799 € a Domotic Europe.
Además, los exejecutivos facilitaron billetes de avión por valor de 69.000 € en clase business desde 2021. El mecanismo de encubrimiento consistió en unos 40 facturas por "honorarios mensuales. Elaboración de informes", con importes individuales que oscilaron entre 6.050 € y 7.250 €.
Martínez Sola y Roselli admitieron en sus escritos judiciales que dichos informes eran inexistentes o irrelevantes. En una conversación intervenida por la policía, Roselli calificó explícitamente estos pagos como una mordida.
La llamada del 30 de abril de 2020 que activó la operación
El origen de la trama se sitúa en pleno confinamiento de la COVID-19. Rodolfo Reyes, empresario venezolano y entonces consejero de la aerolínea, conectó a Martínez Sola con Manuel Fajardo, quien le transmitió que Zapatero podía intervenir a favor de Plus Ultra.
Ese mismo mes, el expresidente del Ejecutivo mantuvo una conversación telefónica de diez minutos con el entonces presidente de la compañía. Según la versión defensiva, en esa llamada del 30 de abril de 2020 Zapatero no mencionó honorarios ni solicitó compensación alguna. Los exdirectivos justificaron posteriormente los desembolsos como una medida desesperada para garantizar la supervivencia de la aerolínea mediante el crédito ICO gestionado por SEPI.
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La defensa dibuja así un relato de presión extorsiva indirecta: la necesidad de liquidez en plena paralización aérea habría forzado a la empresa a contratar los servicios del entorno de Zapatero sin que mediara explícita contraprestación durante la conversación telefónica.
La declaración de esta semana y el escenario para Zapatero
Calama ha citado a los dos exdirectivos en calidad de imputados tras la presentación de sus escritos de conformidad. La comparecencia obligará a Martínez Sola y Roselli a ratificar o matizar ante el juez las declaraciones prestadas por escrito sobre la naturaleza fraudulenta de las facturas y el carácter simulado de los informes.
El interrogatorio arrojará luz sobre hasta qué punto la Fiscalía Anticorrupción puede elevar la presión sobre Zapatero. El juez mantiene abierta la investigación sobre el expresidente como presunto líder de la trama, aunque la ausencia de mención directa a comisiones en la conversación del 30 de abril complica la atribución de responsabilidad penal por tráfico de influencias en su caso.
La SEPI inyectó finalmente 53 millones de euros en Plus Ultra mediante rescate público en 2021. La operación, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, fue posteriormente revertida por Bruselas al declararla ayuda de Estado incompatible.
Información publicada originalmente por Confilegal.