Tribunal de Cuentas: amnistía para Puigdemont y el procés

El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a una treintena de encausados por los gastos del procés, al concluir que no está acreditado que el dinero saliera de fondos europeos. La decisión deja extinguidas las presuntas responsabilidades contables y ordena levantar las medidas cautelares. Es un giro relevante para la práctica de responsabilidad contable y para la lectura jurídica de la amnistía.
El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía a Puigdemont y a unos 30 encausados
La resolución considera que los gastos vinculados al 1-O y a la "acción exterior" de la Generalitat entre 2011 y 2017 tuvieron "sólido soporte probatorio". El órgano fiscalizador añade que no hay "controversia real entre las partes" sobre esos hechos. La clave está en que no se acreditó afectación de los intereses financieros de la Unión Europea.
El Tribunal de Cuentas sitúa los gastos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Los vincula a las consultas del 9-N de 2014 y del 1-O de 2017 o a la promoción de la secesión. En ese marco, declara extinguidas las responsabilidades contables que pudieran derivarse.
El fallo se apoya en certificados de la Intervención General de la Generalitat. Según esos documentos, los gastos no se financiaron con fondos del presupuesto de la UE ni con fondos administrados por cuenta europea. Por eso el órgano entiende que procede aplicar la medida de gracia y absolver a todos los encausados.
La Fiscalía y Sociedad Civil Catalana pedían entre 3 y 5 millones
El procedimiento nació de querellas de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana. Ambas cifraron los gastos presuntamente injustificados entre tres y cinco millones de euros. Una vez aprobada la ley, el Ministerio Público defendió aplicar la amnistía.
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Entre los alrededor de 30 encausados figuran Puigdemont, el expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers. La resolución ordena levantar las medidas cautelares. Es un alivio procesal inmediato para los investigados.
El aval del TJUE y del Constitucional que empuja el archivo
La decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley al entender que no afecta a intereses económicos comunitarios. También sigue al respaldo del Tribunal Constitucional a indultar el presunto delito de malversación atribuido a Puigdemont y otros líderes. Ese contexto refuerza la lectura favorable a la amnistía.
Para despachos y juristas, el caso fija un criterio práctico: sin afectación de fondos europeos, la amnistía puede operar también en sede de responsabilidad contable. La próxima referencia será ver si la Fiscalía o Sociedad Civil Catalana recurren y cómo se pronuncia el órgano en alzada.
Información publicada originalmente por LegalToday.
Imagen: Luis García (Zaqarbal), CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons