Abogacía Española: buscan agilizar pensiones para abogados
El presidente de Abogacía Española se ha reunido con la ministra Elma Saiz para impulsar el reglamento de la pasarela al RETA, una figura clave para garantizar pensiones dignas a miles de abogados mutualistas. La cita, celebrada en los últimos días de julio, marca el inicio de una carrera contra el reloj para dotar de desarrollo reglamentario a la ley aprobada el 23 de julio en el Congreso de los Diputados. El encuentro dejó sobre la mesa tres prioridades inmediatas: agilidad normativa, audiencia a todos los agentes sociales y colaboración técnica para cerrar las lagunas que aún deja la norma.
La reunión, de la que ha dado cuenta el propio colegio profesional, contó con la presencia de Salvador González al frente de Abogacía Española; Elma Saiz, titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ignacio Gally, presidente de la Comisión de Previsión Social del organismo colegial; Borja Vargues, secretario técnico general; y Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. La configuración de la delegación evidencia la doble naturaleza del expediente: trámite técnico y negociación política con peso institucional.
La pasarela al RETA, una deuda pendiente con los mutualistas
La ley del 23 de julio crea una vía voluntaria de acceso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para mutualistas que hasta ahora quedaban fuera del sistema público de pensiones. El vacío legal deja a colectivos como los abogados en ejercicio en una situación de incertidumbre previsional, especialmente en el tramo final de su carrera profesional.
El mecanismo de la pasarela responde a una demanda histórica del colectivo. Durante décadas, los mutualistas han cotizado bajo fórmulas alternativas que no siempre garantizan una prestación de jubilación equiparable a la del RETA. La nueva norma abre la puerta a la conexión voluntaria, pero sin el reglamento correspondiente sigue siendo una promesa sin ejecutar.
El Ministerio y el colegio profesional coinciden en que la urgencia no es retórica. Cada mes de retraso en la aprobación del reglamento supone mutualistas que alcanzan la edad de jubilación sin poder optar a la pasarela, o que la ejercen con condiciones menos favorables por la falta de concreción técnica. Elma Saiz calificó la norma de "esencial" para la protección del colectivo, según el relato oficial del encuentro.
Tres prioridades sobre la mesa del reglamento
Abogacía Española ha fijado un plan de trabajo con tres ejes concretos para la fase reglamentaria. El primero es la aceleración de la tramitación: el colegio presiona para que el texto salga del Ministerio en el menor plazo posible, evitando los cuellos de botella habituales en los desarrollos normativos de rango inferior.
El segundo eje pasa por una audiencia amplia. El organismo colegial exige que el proceso de elaboración incorpore a todas las asociaciones representativas, sindicatos y organizaciones mutualistas. La inclusión de estos agentes no es una formalidad: las reglas de cotización, bases de computo y requisitos de acceso afectan de forma desigual a distintos colectivos de mutualistas, y la ausencia de consenso en la fase reglamentaria suele derivar en litigios posteriores ante la jurisdicción social.
El tercer punto es la colaboración técnica. Abogacía Española se ofrece como interlocutor para "encontrar las mejores soluciones posibles", según su propio comunicado. Esta fórmula, habitual en la relación entre colegios profesionales y administración, implica la participación en grupos de trabajo técnicos que redacten las disposiciones de desarrollo antes de su paso por la Intervención General de la Seguridad Social y la Secretaría de Estado.
Los excluidos de la pasarela siguen en el punto de mira
El presidente González llevó al encuentro un mensaje adicional que el comunicado oficial del colegio no oculta: el compromiso de seguir trabajando por los abogados que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley. La pasarela, en su redacción actual, no cubre a todos los mutualistas por igual.
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Los criterios de exclusión, aún por concretar reglamentariamente, apuntan a supuestos de mutualistas con períodos de cotización insuficientes, aquellos que han alternado tramos en el RETA y la mutualidad, o los que no cumplen con los requisitos de antigüedad en la colegiación. El colegio profesional no ha facilitado cifras del colectivo afectado, pero la referencia explícita a los "excluidos" sugiere que el número es significativo.
La estrategia de Abogacía Españala combina la presión institucional con la movilización interna. Tras la reunión ministerial, González informó de los avances a los consejeros y decanos en un Pleno extraordinario. La convocatoria de este órgano, reservado para asuntos de especial trascendencia, indica que el colegio trata el expediente como prioritario en su agenda de relaciones con la Administración.
El 3 de septiembre, primera cita con los mutualistas
González ha citado a los distintos colectivos de mutualistas afectados para el próximo 3 de septiembre. La reunión, previa al inicio del periodo de sesiones del Congreso de los Diputados, servirá para alinear posiciones antes de que el reglamento entre en la fase de consulta pública o trámite de audiencia previa, dependiendo de la forma jurídica que elija el Ministerio.
La fecha es relevante por el calendario parlamentario y administrativo. El Gobierno opera con un horizonte legislativo condicionado por la agenda europea y los presupuestos generales del Estado. El reglamento de la pasarela, si sigue el procedimiento ordinario de desarrollo de leyes, requiere informe previo del Consejo de Estado y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Cada fase suma semanas que el colectivo de mutualistas no tiene en términos de planificación de jubilación.
La alternativa, un real decreto-ley o un decreto-ley con carácter de urgencia, parece descartada por la naturaleza del texto: la ley ya está aprobada, y lo que resta es el desarrollo reglamentario, que no admite fórmulas de urgencia gubernamental sin base legal expresa. El Ministerio debe optar entre real decreto del Gobierno o, en su defecto, orden ministerial, con distintos niveles de complejidad técnica y control jurídico.
El próximo hito con fecha fijada es, por tanto, el 3 de septiembre. De esa reunión debería salir un diagnóstico compartido del colectivo que sirva de posición de partida en la negociación reglamentaria. ¿Logrará Abogacía Española que el reglamento vea la luz antes de que termine el año? La pregunta no es retórica: el plazo depende de la prioridad que el Ministerio asigne al expediente en una agenda cargada de reformas previsionales.
Información publicada originalmente por Abogacía Española.
Preguntas frecuentes
¿Qué plazo tiene el Gobierno para aprobar el reglamento de la pasarela al RETA?
La ley aprobada el 23 de julio de 2026 no establece un plazo máximo vinculante para el desarrollo reglamentario. La práctica administrativa sitúa estos trámites entre tres y doce meses, dependiendo de la complejidad técnica y la prioridad política asignada.
¿Pueden acceder todos los abogados mutualistas a la pasarela voluntaria?
No. La ley excluye a determinados colectivos que aún no han sido precisados reglamentariamente. Abogacía Española ha indicado explícitamente que trabaja por los "excluidos", lo que confirma que el acceso no será universal.
¿Qué diferencia hay entre mutualista y afiliado al RETA en cuanto a pensiones?
El mutualista cotiza en una entidad de previsión social propia del colegio profesional, con reglas de aportación y prestación distintas. El afiliado al RETA cotiza en la Seguridad Social pública, con un sistema de bases y tipos de cotización unificado. La convergencia mediante la pasarela busca equiparar la prestación final sin perder los períodos cotizados en mutualidad.