Ley de Eficiencia Organizativa Procesal: críticas por su gestión
Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de la Procura de España (CGPE) desde el pasado 10 de abril, ha cargado contra la Ley de Eficiencia Organizativa Procesal un año y cuatro meses después de su entrada en vigor. En una entrevista con Confilegal, el máximo representante de los procuradores españoles describe una implementación marcada por la "improvisación" y alerta de que la justicia se ha convertido en una cuestión "básicamente tecnológica", con consecuencias que afectan directamente a abogados, procuradores y ciudadanos.
La justicia en "trece velocidades": el mapa de la asimetría territorial
Barrenechea rechaza la idea de una justicia de "dos velocidades". El diagnóstico es peor: existen trece velocidades distintas en el territorio español.
Por un lado, la zona del Ministerio de Justicia, que agrupa Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Esta área cuenta con alta implantación del expediente judicial electrónico.
Por otro, las 12 Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia transferidas. La mayoría carece de expediente digital. El resultado es un sistema fragmentado donde el trámite de un mismo tipo de proceso varía radicalmente según el territorio.
Esta asimetría no es anecdótica para la práctica profesional. Los despachos que operan en varias comunidades deben adaptar sus protocolos a realidades tecnológicas incompatibles, con el coste operativo que ello conlleva.
La Comisión de Calidad inexistente y los jueces "desplazados"
La Ley de Eficiencia creó una Comisión de Calidad que, según denuncia Barrenechea, siguen sin constituir un año y cuatro meses después.
También critica la reorganización interna de la justicia. La conversión de juzgados unipersonales en secciones ha dejado jueces "desplazados" y ha generado una indefinición del rol del presidente de sala de instancia que complica la gestión procesal.
Estos no son problemas meramente administrativos. Afectan la cadena de mando judicial, la asignación de recursos y, en último término, los plazos de resolución de los asuntos.
El veto al CTEAJE y la "tristeza" de una justicia tecnológica
Una de las reclamaciones más contundentes de García Barrenechea es la exclusión de la Abogacía y la Procura del CTEAJE, el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica.
El CGPE exige la incorporación de ambos colectivos a este órgano. La decisión de mantenerlos al margen contradice el principio de que quienes usan diariamente las herramientas digitales deben participar en su diseño.
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La frase que encabeza la entrevista resume su postura: "La justicia se ha convertido en una cuestión básicamente tecnológica, y eso es triste". El presidente del CGPE no rechaza la digitalización, pero lamenta que haya eclipsado otros valores esenciales del proceso.
Además, alerta de una consecuencia económica directa para los profesionales: la supresión de la tarifa mínima permite que las grandes plataformas de gestión procesal presionen a la baja los precios de los servicios profesionales.
El dato que hace tambalearse el sistema: solo un tercio de las resoluciones se ejecutan
El diagnóstico más severo llega en materia de ejecución de sentencias.
Según datos del propio CGPE, apenas un tercio de las resoluciones judiciales llegan a ejecutarse. Algunos expedientes acumulan retrasos de hasta 66 meses, es decir, cinco años y medio.
Barrenechea es tajante: ganar un pleito carece de valor real si la resolución nunca se materializa en una satisfacción efectiva, ya sea económica o de otra índole.
Este dato es especialmente relevante para la práctica mercantil y concursal. Los despachos que asesoran a empresas en litigios de cobro o en procedimientos de ejecución enfrentan una realidad donde el reconocimiento del derecho y su efectividad han dejado de coincidir.
La petición de datos y la pregunta sobre el modelo
El CGPE ha iniciado una acción concreta: ha solicitado información a todos los consejos autonómicos para comparar el funcionamiento de la ley en cada territorio.
Barrenechea concede que el modelo, en abstracto, podría resultar beneficioso. Pero insiste en que la implementación apresurada y mal ejecutada ha generado un "bloqueo sistémico" que afecta a toda la cadena procesal.
La comparativa territorial, si se hace pública, será un instrumento útil para los despachos que decidan estrategias de foro y para los juristas de empresa que evalúen riesgos procesales en diferentes comunidades autónomas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CTEAJE y por qué quiere entrar la Procura?
El CTEAJE es el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, el órgano que diseña las herramientas digitales del sistema judicial. La Procura y la Abogacía están excluidas pese a ser usuarias directas de esas plataformas.
¿Cuántas comunidades autónomas tienen competencias de justicia transferidas?
Doce comunidades autónomas gestionan su propia administración de justicia. La zona dependiente del Ministerio de Justicia incluye ocho territorios más la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
¿Qué consecuencia tiene la supresión de la tarifa mínima para procuradores?
La eliminación del mínimo tarifario permite que las plataformas de gestión procesal a gran escala compitan por volumen reduciendo los honorarios profesionales, según denuncia el presidente del CGPE.