Herminio Losada González: el legado de un jurista del Estado

In memorian de Herminio Losada González: un servidor público que priorizó el Estado sobre la carrera privada

Herminio Losada González representó una figura cada vez más rara en el panorama jurídico español: un jurista de élite que dedicó su carrera exclusiva a la Administración pública. Su fallecimiento ha provocado una reflexión sobre el significado real de servir al Estado, en un momento en que la figura del funcionario público sufre una erosión tanto social como política.

La trayectoria de Losada desafía la lógica dominante del mercado legal. Abogado del Estado y magistrado del Tribunal Constitucional, podría haber construido una carrera lucrativa en la abogacía privada. Optó por el camino contrario. Esa elección, voluntaria y sostenida durante décadas, es lo que distingue su legado.

Del aula de Derecho Administrativo al Tribunal Constitucional: cuatro décadas en las instituciones

Losada ingresó en la carrera administrativa en los años ochenta, una época de transformación del Estado español tras la Transición. Su primer destino relevante fue la Seguridad Social, donde ejerció como abogado. Desde allí, escaló posiciones con una rapidez que reflejaba su capacidad intelectual.

Su paso por la Administración General del Estado (AGE) consolidó su perfil de jurista de gobierno. Pero fueron dos nombramientos posteriores los que marcaron su carrera: su designación como magistrado del Tribunal de Cuentas y, finalmente, su plaza en el Tribunal Constitucional. Estas instituciones representan los dos pilares del control público en España: la fiscalización económica y la garantía de la norma fundamental.

El autor del homenaje, que fue su profesor de Derecho Administrativo en la década de 1980, cita una frase de Jaime Guasp a Alonso Olea para describir su relación: «A quien primero fue mi discípulo y ahora es mi maestro». La inversión de roles simboliza una evolución profesional basada en el mérito, no en la antigüedad ni en el clientelismo.

Objetividad, neutralidad y ausencia de lucro: los cuatro principios que define su modelo

El texto homenaje identifica cuatro cualidades que, según su autor, definieron la práctica de Losada: objetividad, imparcialidad, neutralidad y compromiso desinteresado con el interés general. No son conceptos abstractos. En el contexto actual, constituyen una crítica implícita a dos fenómenos observables.

Primero, la politización creciente de los altos cargos públicos. La rotación de magistrados y abogados del Estado según el color político del gobierno de turno ha desdibujado la línea entre servicio público y lealtad partidista. Losada, según su memorialista, mantuvo una independencia que hoy se percibe como excepcional.

Segundo, la fuga de talento hacia el sector privado. La abogacía de empresa y los grandes despachos capturan sistemáticamente a los juristas mejor formados del servicio público. Que Losada resistiera esa tendencia, teniendo las credenciales para triunfar en cualquier firma, es lo que el autor considera su mérito más significativo.

Una obra publicada que sobrevive como argumento contra el olvido institucional

El homenaje cierra con un dato concreto: Losada deja una extensa obra publicada. En un sector donde la producción académica suele ser el pasaporte hacia la docencia universitaria o la consultoría privada, su bibliografía adquiere un valor distinto. Es la prueba material de un intelecto que no necesitó de la mercantilización para desarrollarse.

La pregunta que plantea su figura es incómoda para el sistema. ¿Cuántos juristas de su capacitación permanecen en la Administración? ¿Qué incentivos existen para que lo hagan? La carrera judicial, la Abogacía del Estado y el cuerpo de Letrados de las Cortes Generales mantienen teóricamente canales de promoción interna. Pero la realidad muestra que los mejores currículos migran hacia despachos como Garrigues, Uría Menéndez o Cuatrecasas, donde la remuneración puede multiplicarse por diez.

El caso de Losada sugiere que esa migración no es inevitable. Que la elección de quedarse, aunque minoritaria, sigue siendo posible. Y que su legitimidad no depende de la renuncia al reconocimiento, sino de la coherencia entre el principio y la práctica.

¿Qué queda del servidor público como tipo ideal en 2026?

La figura de Losada interpela directamente a varios colectivos del mundo jurídico. Para los abogados de empresa, su trayectoria es un recordatorio de que el Derecho administrativo no es un mero obstáculo regulatorio, sino un campo de especialización con tradición intelectual propia. Para los compliance officers, su ejemplo de neutralidad política ofrece un modelo de conducta en entornos de creciente presión partidista.

Para los responsables de protección de datos, su paso por múltiples instituciones ilustra cómo la movilidad interna del funcionariado puede construir una visión integral del Estado que la especialización privada dificulta. Y para los jueces y fiscales, su permanencia en el sector público plantea la cuestión de si la independencia real requiere también una independencia económica respecto del mercado.

La publicación del homenaje en Confilegal, medio especializado en información jurídica, indica que su figura resuena en el gremio. Pero la resonancia no garantiza la continuidad del modelo. El próximo hito no es biográfico, sino estructural: la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde 2023, podría redefinir los incentivos de la carrera administrativa. Si el texto final incluye mecanismos de retención de talento o, por el contrario, amplía la externalización de funciones, se sabrá si el legado de Losada tiene traducción normativa o permanece como excepción personal.

Información publicada originalmente por Confilegal.