Barcelona: Nuevos pisos tendrán límite de estacionamientos
En Barcelona, los pisos nuevos construidos en zonas con acceso a transporte público tendrán un tope máximo de plazas de aparcamiento. La Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana ha aprobado una reforma del planeamiento que vincula directamente la dotación de estacionamiento a la proximidad de metro, autobús o tren. El objetivo explícito es reducir la movilidad en vehículo privado y rebajar la saturación ambiental del centro urbano.
27 municipios y tres zonas de restricción
La normativa no se circunscribe a la capital catalana. Afecta también a 27 municipios del entorno metropolitano, entre ellos Badalona, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Cugat del Vallès. El criterio distintivo es la densidad de oferta de transporte colectivo.
El reglamento segmenta el territorio en tres franjas. La primera abarca el interior del perímetro de las rondas de Barcelona. La segunda recoge el área exterior con buena conectividad. La tercera, los municipios limítrofes donde la dependencia del coche es mayor. Cada una de estas franjas lleva aparejado un cupo diferente de plazas para turismos.
Los promotores pierden la libertad discrecional para dimensionar el aparcamiento. La norma impone un límite cuantitativo que varía según la zona asignada. Además, reserva espacios obligatorios para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Hasta el 25% de las plazas de coche pueden sustituirse por plazas de motocicleta.
Sílvia Paneque y la publicación pendiente en el DOGC
Sílvia Paneque, consellera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, ha defendido la medida como instrumento para contener el tráfico en los núcleos urbanos más densos. La reforma cuenta ya con aprobación definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo.
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No obstante, la entrada en vigor está supeditada a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hasta ese momento, los desarrollos en curso no quedan sujetos a los nuevos límites.
Excepciones y riesgo de litigiosidad
El texto aprobado contiene múltiples excepciones y aplicaciones diferenciadas. Esta complejidad normativa abre la puerta a interpretaciones discordantes entre administración y promotores. Los futuros propietarios podrían encontrarse con dotaciones de aparcamiento sensiblemente inferiores a las esperadas, lo que genera incertidumbre sobre el valor residual de las viviendas afectadas.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿resistirá la normativa el embate de los recursos contencioso-administrativos que los desarrolladores ya preparan?
Información publicada originalmente por Economist & Jurist.