Acción popular: debate sobre su límite y el control fiscal

La acción popular a examen: un fiscal la defiende como contrapeso frente al poder del fiscal general y un penalista pide acotarla con costas automáticas. El debate se produjo este viernes en la V Jornada Estado de Derecho, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los protagonistas fueron Ignacio Stampa, fiscal de la Sección de Delincuencia Organizada y Criminalidad Grave de la Fiscalía Provincial de Madrid, y José María de Pablo, penalista del despacho Mas y Calvet. Ambos coincidieron en un punto: la figura no debe desaparecer. En todo lo demás, discreparon.

Stampa: la acción popular existe por la desconfianza hacia el Ministerio Fiscal

Stampa intervino a título personal y dejó claro que sus opiniones no representan a la Fiscalía. Su tesis: la acción popular es un contrapeso necesario frente al "poder absoluto" del fiscal general del Estado.

Según su argumento, el principio jerárquico y el control sobre las carreras profesionales pueden condicionar las investigaciones. La figura existiría, en su opinión, por una desconfianza justificada hacia el Ministerio Fiscal.

Para ilustrarlo, el fiscal recurrió a su propio caso:

• Denuncia de Vox: tras ser denunciado por el partido a partir de noticias de prensa, la Fiscalía Superior de Madrid le abrió expediente mientras aspiraba a una plaza en Anticorrupción.
• Acceso judicial a los expedientes: tuvo que acudir a los tribunales para obtener los expedientes gubernativos, donde constarían correos en los que la Fiscalía de Madrid consultaba a Álvaro García Ortiz cómo redactar el decreto de archivo.
• La circular de diciembre de 2022: García Ortiz aprobó una circular que exige expedientes gubernativos paralelos para investigaciones "de relevancia", algo que Stampa interpretó como un intento de "blanquear" lo actuado en su caso y evitar "discrepancias jurídicas indeseables" por escrito.

La propuesta del PSOE de enero de 2025, en el punto de mira

Stampa rechazó de plano la proposición de ley registrada por el PSOE en enero de 2025. La iniciativa plantea excluir a partidos, sindicatos y asociaciones dependientes, exigir interés directo acreditado, limitar la participación en la instrucción y vetar querellas basadas solo en noticias.

El fiscal recordó que el Partido Popular ya intentó una reforma similar en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia. Además, subrayó que la causa contra García Ortiz prosperó gracias al trabajo "tremendo" de las acusaciones populares.

Sus propuestas alternativas fueron tres: que las órdenes superiores sean siempre por escrito (como recomienda el Consejo Consultivo Europeo de Fiscales), el fin de los expedientes paralelos y el respeto al derecho de defensa en las investigaciones.

De Pablo: mismo diagnóstico, receta opuesta

El penalista de Mas y Calvet compartió el diagnóstico sobre los problemas de la Fiscalía, pero llegó a conclusiones distintas. Reconoció que la acción popular es necesaria y no puede suprimirse sin tocar la Constitución, aunque se declaró "muy crítico" con su uso actual.

Su propuesta de acotamiento tiene dos patas: excluir a los partidos políticos de su ejercicio e imponer costas automáticas cuando el acusado resulte absuelto.

Un debate que seguirá vivo en el Congreso

El choque entre ambos juristas refleja la tensión real que atraviesa la reforma procesal penal en España. La proposición de ley socialista sigue en trámite en el Congreso, y cualquier avance reactivará la discusión sobre quién puede personarse y en qué condiciones.

La jornada, organizada por Foro Judicial Independiente y moderada por Fernando Portillo, dejó sobre la mesa una pregunta incómoda para el legislador: ¿se puede limitar la acción popular sin vaciar de contenido el artículo 125 de la Constitución?

Información publicada originalmente por Confilegal.

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