Absentismo laboral en España: proponen un pacto de Estado
Los graduados sociales reclaman un "pacto" de Estado para frenar el absentismo laboral en España, equiparable al Pacto de Toledo que reformó el sistema de pensiones. La propuesta, presentada por Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, parte de un informe que sitúa la problemática como un desequilibrio estructural entre derechos laborales y productividad, no como fraude masivo. Confilegal recoge la presentación del documento elaborado por la Fundación Justicia Social.
20% de bajas por salud mental: el perfil del absentismo ya no es el de hace una década
El informe "Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad" descarta la explicación simplista. El fenómeno es multicausal, y tres vectores lo reconfiguran.
La salud mental ya supone el 20% de las incapacidades temporales. Afecta de forma desproporcionada a trabajadores de 20 a 35 años, un perfil que no encaja con el estereotipo de absentismo por enfermedades crónicas.
El envejecimiento activo de la plantilla añade presión. Desde 2019, 1,5 millones de trabajadores más en el tramo de 50 a 64 años han incrementado las patologías musculoesqueléticas por desgaste físico.
La saturación de la atención primaria y cambios regulatorios completan el cuadro. El sistema no absorbe la demanda, y las normativas no han adaptado los mecanismos de control a la nueva realidad.
Merchán descarta el fraude como eje: "No tengo cifras porque creo que no las hay"
La postura del presidente del Consejo General rompe con el discurso dominante en parte del tejido empresarial. Merchán desvinculó el debate del supunto fraude generalizado. Su razonamiento es técnico: sin datos que lo sustenten, no puede ser el pilar del diagnóstico.
El informe, desarrollado con la colaboración de Juan Panella Martí y Esteban Mante de Miguel (director general de Gestión de Fraternidad-Muprespa), propone recentrar el debate en el derecho a la salud y la recuperación. El absentismo, argumenta, ha dejado de ser coyuntural para convertirse en "cuestión de Estado".
Esta elección de términos no es retórica. El Pacto de Toledo de 1995 logró consenso multipartidista para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Merchán reclama equivalente: un acuerdo que trascienda legislaturas y evite que el absentismo sea moneda de cambio electoral.
El Estado pagaría los primeros 15 días: el coste cambia de manos
La medida más concreta del paquete propuesto traslada una carga histórica. Actualmente, las empresas asumen íntegramente el coste de los primeros 15 días de baja médica. Merchán propone que esa factura corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
El matiz es políticamente relevante. Merchán enmarcó la propuesta no como una demanda empresarial, sino como "una propuesta de futuro". El objetivo es desincentivar la presión sobre el trabajador enfermo para que no acuda al puesto por miedo al coste que genera, sin por ello desproteger a la empresa.
Sobre la reducción salarial durante la baja, Merchán se remitió a los convenios colectivos. Son, argumentó, el ámbito legítimo porque representan a empresas y sindicatos. La intervención legislativa directa quedaría así circunscrita al cambio de financiación inicial.
¿Quién se sienta a la mesa? El obstáculo del diálogo social
La viabilidad del "Pacto de Toledo" del absentismo depende de algo que el original tuvo y el actual carece: mesa de negociación con todos los actores. CEOE y CCOO/UGT no comparten diagnóstico ni remedios.
El informe de la Fundación Justicia Social busca romper ese bloqueo aportando datos de gestión real. La participación de Mante de Miguel, desde una mutua que gestiona incapacidades a diario, otorga al documento un perfil técnico que distingue su aportación de los posicionamientos ideológicos.
Para los despachos laboralistas y los departamentos de recursos humanos de empresas, la propuesta plantea dos escenarios de planificación. Si el Estado asume los primeros 15 días, mutaría el cálculo de provisiones y costes de personal. Si el debate se estanca, la presión regulatoria recaerá probablemente en mayor control médico, con el coste reputacional y procesal que ello implica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Pacto de Toledo al que se refieren los graduados sociales?
Acuerdo de 1995 entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Requiere consenso multipartidista y reformas que trasciendan legislaturas.
¿Cuánto cuestan a las empresas los primeros 15 días de baja médica?
El informe no cuantifica la cifra agregada, pero el coste es íntegro para la empresa desde el día 1 hasta el día 15. A partir del día 16, asume el coste el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
¿Por qué los graduados sociales proponen que los convenios regulen la reducción salarial en baja?
Porque la negociación colectiva es el ámbito donde empresarios y sindicatos pactan condiciones. Merchán considera que una imposición legal unilateral rompería el equilibrio del diálogo social.